Tudanca propone castigar con mayores impuestos a las rentas más altas

Luis Tudanca presentó ayer en Valladolid el programa electoral con el que el PSOE concurre a las elecciones autonómicas del 24 de mayo. Poco más de medio ahora empleó en desgranar de forma esquemática buena parte de sus propuestas que, no obstante, aparecen recogidas en un documento de 217 páginas bajo el lema de «Tú decides el cambio en Castilla y León» y que fue entregado en pendrive.

Arropado por representantes de los sindicatos, de colectivos sociales y compañeros de partido, Tudanca presentó un programa para una Comunidad que «se merece tener voz propia y fuerte en España y debe recuperar la ambición de construir un proyecto fuerte que nos permita crecer en empleo y prestar unos servicios públicos de calidad que garanticen la igualdad de todos los castellano y leoneses».

Con estos mimbres, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta avanzó una batería de propuestas articuladas en torno a cuatro bloques: la regeneración democrática, la garantía del Estado de Bienestar, un cambio del modelo productivo y fiscal y la potenciación de la autonomía de los ayuntamientos. Todo un conjunto de medidas que tienen un coste económico al que el PSOE quiere hacer frente mediante un nuevo modelo fiscal que parte de la reforma del modelo de financiación autonómica. Pasaría después a la reforma fiscal propiamente dicha basada en «un sistema más justo que pida un mayor esfuerzo a quienes más tienen», de forma que se concluye que se podría obtener cada año 394 milloneprogresividad de los tipos en la parte autonómica de las rentas más altas, si bien se incluirían nuevas deducciones para los menores niveles de renta. El el caso del impuesto de patrimonio, se puesta por un incremento de los tipos actuales desde un 5% hasta el 18% para los patrimonios superiores a 120.000 euros. Para el impuesto de sucesiones y donaciones, se pretende un aumento en los supuestos de mayores bienes de herederos o donativos, si bien se incluyen deducciones en el caso de herencias de vivienda habitual o ligadas a la actividad empresarial. Además, se propone la eliminación del céntimo sanitario, la derogación del impuesto estatal sobre depósitos financieros y la puesta en marcha del autonómico, además del diseño de un plan de choque contra el fraude fiscal, doblando la plantilla de la inspección de tributos de la Comunidad.

En cuanto los gastos, Tudanca se detuvo especialmente, en lo que llamó «garantía del Estado de Bienestar y ampliación de los derechos» para anunciar la inclusión en el Estatuto de Autonomía de un «suelo social» que garantice un mínimo de inversión en servicios sociales (educación, sanidad, dependencia y discapacitados», que fijó en el 12 por ciento del Producto Interior Bruto de la Comunidad, de forma que se estima que se volverían a cifras anteriores a la crisis y se invertirían entre 1.200 y 1.400 millones de euros más que con los actuales presupuestos. En este mismo apartado social, destacó iniciativas como una ley para brindar la sanidad pública, la ampliación de los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía o la creación de 2.000 nuevas plazas públicas de residencia para mayores y dependientes.

En el apartado productivo, Tudanca presentó una «alternativa económica para crecer y crear empleo» en el que, en primer lugar explicó una nueva fórmula de ayudas llamada «bono-empleo «para dejar de enfocarlas al empresario y asociarlas al trabajador». La medida va dirigida a menores de 30 años, mayores de 45, desempleados de larga duración con cargas familiares y perceptores de Renta Garantizada a los que se convierte en titulares de un bono, dotándolo de una cantidad económica. Así, cuando sean contratados, la empresa recibe ese bono para pagar una parte de su salario y si el trabajador cambia de empresa el bono se va con él.

La llamada reindustrialización es otro de los objetivos del programa socialista con iniciativas como un gran pacto por la industria para conseguir que el sector eleve su participación del 17,9 por ciento actual al 20. El último de los bloques del programa se refiere a los ayuntamientos a los que se les quiere dotar de mayor autonomía como motores del crecimiento. Para ello, se duplicaría su financiación de forma incondicionada y sin la intermediación de las diputaciones y se crearía un plan de ciudades dotado de planes de empleo y estrategias de desarrollo sostenibles y gestión de fondos.