«¿No le dijo a Carrasco y a Martínez que esos gastos los debían pagar ellos?»

El interventor de León Manuel Jesús López afirmó ante el juez del caso Púnica que desconocía la finalidad de unas facturas abonadas a una empresa de la trama, cuyo objetivo era mejorar la imagen de los presidentes de la Diputación, ante lo que la fiscal le preguntó cómo «fue tragando» con ellas todos los meses. Así consta en la grabación de la declaración, a la que ha tenido acceso Efe, que prestó el pasado octubre ante el juez y la fiscal anticorrupción y que ayer se notificó a las partes del caso Púnica. «¿Cómo fue usted tragando todos los meses con esas facturas?», le inquirió extrañada la fiscal después de recordar que, al tramitarse con urgencia, no estaban sometidas a un procedimiento negociado y que su finalidad era mejorar la imagen pública de los expresidentes de la Diputación Isabel Carrasco y Martín Marcos Martínez (este último dimitió tras su imputación).

«¿Usted no le dijo a Carrasco o Marcos que estos gastos los deberían pagar ellos, qué hace la Diputación de León pagando esos gastos?», le insistió la fiscal, que cuantificó las facturas en torno a los 40.000 euros.

López, que afirmó que no tuvo relación de amistad con ninguno de los dos expresidentes, explicó que «en absoluto era consciente de que se estaba haciendo algo en favor de personas concretas» con esos contratos, adjudicados a la empresa Madiva Editorial y Publicidad, propiedad de Alejandro de Pedro, considerado uno de los «conseguidores» de contratos de la trama. A De Pedro, López dijo haberle visto solo una vez, cuando Marcos le llamó a su despacho, se lo presentó y le preguntó si habría presupuesto para encargar la «dinamización» de la estación de esquí de San Isidro y unirla a otra de Asturias. El juez, que dejó en libertad al interventor bajo una fianza de 30.000 euros, le imputa haber facilitado a Marcos información de índole económica sobre la estación de esquí, en la que López tenía 13 apartamentos.

López negó haber intervenido en estas contrataciones ni haber fraccionado contratos relacionados con la estación o haberlos sacado a concurso en un plazo y de una determinada manera. Añadió que, al tener en propiedad esos 13 apartamentos en la estación, le dijo a Marcos que él no podía informar sobre ese aspecto y que lo debía hacer otro interventor, aunque sí elaboró un documento al respecto.