Economía cedió a Delgado la firma para autorizar los parques eólicos

Una instrucción interna de la Dirección General de Minas de la Consejería de Economía del 14 de abril de 2004 convirtió al entonces viceconsejero, Rafael Delgado, en el cargo público competente para autorizar todos los parques eólicos que se construyesen en la Comunidad. Delgado, que ocupó el citado puesto entre 2003 y 2007, es una de las personas que está siendo investigada por la Agencia Tributaria por supuestos pagos de comisiones en la autorización de siete instalaciones de esta energía renovable.

Según ha podido saber ABC, hasta 2004 eran los servicios territoriales de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de cada provincia los encargados de analizar, informar y autorizar los expedientes de solicitud de parques eólicos , tal y como recoge el Decreto 189/1997 de la Junta de Castilla y León por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de energía eólica. Sin embargo, la instrucción interna del 2004 atribuye al viceconsejero de Economía la autorización definitiva, después de los correspondientes informes de los servicios territoriales.

Fuentes de la Consejería explicaron que dicha decisión se adoptó ante el boom que esos años se produjo con este tipo de instalaciones, lo que llevó a este departamento a optar por una mayor coordinación y control, objetivos que pretendían conseguir desde la Viceconsejería, entonces dirigida por Rafael Delgado.

Lo cierto es que dos años después, en marzo de 2006, el Grupo Socialista en las Cortes regionales presentó una Proposición No de Ley en la que solicitaba una nueva normativa para «garantizar la seguridad jurídica de los solicitantes, ya que, según denunció, se habían producido «situaciones de discriminación» a la hora de dar las autorizaciones. La propuesta socialista fue rechazada por la mayoría del Grupo Popular.

Quien ostentara este poder de decisión sobre las autorizaciones entre los años 2004 y 2007 que investigó la Agencia Tributaria, Rafael Delgado no tuvo durante su etapa en el Ejecutivo «ningún enriquecimiento desmesurado o ilícito». Así lo aseguraron ayer desde la Junta de Castilla y León, tras analizar la declaración de bienes que como alto cargo tenía que presentar cada año. Sin embargo, el cerco de Hacienda podría destapar que a su salida del despacho de viceconsejero le siguió el ingreso de dinero procedente de Suiza, como así asegura El País que recoge el informe trasladado a la Fiscalía Anticorrupción.

En concreto, el informe cifra en 535.721 euros la cantidad que Delgado recibió desde Suiza con origen desconocido entre otros movimientos sospechosos. Así, destaca también que una de las empresas vinculadas a esta trama le pagó en 2008 la hipoteca de una de sus casas, que había adquirido en 2005 y a la que se sumaron entre ese año y 2012 otra adquisición en Valladolid y dos plazas de garaje. Al respecto, la Junta, que tenía constancia de esas compraventas, explica que no valoró variaciones «ilícitas». «No se detecta ningún enriquecimiento desmesurado. Se mantiene más o menos uniforme» y si había una vivienda «iba acompañada de una hipoteca» lo que daba, a sus ojos, tintes de normalidad. «Si después de ser alto cargo ha recibido presuntos sobornos tendrá que explicarlo», aseguró ayer el portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago-Juárez.