Villanueva se muestra «tranquilo» ante la investigación por el edificio de Arroyo

«Desde la más absoluta tranquilidad», el consejero de Economía y Hacienda, Tomás Villanueva, mostró ayer su «plena confianza» en los veinte altos cargos y funcionarios que han sido citados a declarar en calidad de imputados por la compra de terrenos para el polígono industrial de Portillo y del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, entorno a la cual el juez investiga si hubo delito de malversación. Asimismo, recordó que esta citación de altos cargos es en calidad de imputados para prestar declaración «con la máximas garantías jurídicas». Aseguró que nunca ha tenido conocimiento de «irregularidad alguna» y que de ser así lo habría llevado ante el juez, apuntó Villanueva, a quien la secretaria de Organización del PSCL, Ana Sánchez, instó ayer a comparecer en la Diputación Permanente de las Cortes para explicar el caso.

Por otro lado, y siguiendo con temas judiciales, se manifestó acerca de la investigación de la refinanciación de crédito de Caja España a Santo Llamas y aseguró que «es el Banco de España el que tenía la condición de supervisor» y «nunca, nunca alertó o cuestionó las operaciones» que ahora están bajo la lupa de los tribunales y que sentarán al Consejo de Administración de 2009 ante el juez para prestar declaración en calidad de imputados por las mismas.

Ante la controversia surgida en los últimos días sobre si la Junta tendría que haber actuado entonces, insistió en que la «competencia» de control era del Banco de España y el Gobierno regional no tenía capacidad de «veto» pero que, no obstante, tampoco tuvo conocimiento al respecto de los créditos del empresario leonés y su morosidad, hasta que éste dejó el sillón de mando.

Y es que, según aseguró ayer Villanueva, «no hemos tenido constancia de que el Banco de España haya abierto ninguna investigación o procedimiento porque lo habríamos llegado a conocer», ni «nadie de la entidad nos comunicó que incurriera en morosidad» Santo Llamas, que llegó a amasar más de setenta millones en créditos y cuyo caso ocupa al Juzgado de Instrucción número 5 de León. Investiga si se produjo una administración desleal en perjuicio Caja España con la refinanciación a su expresidente acordada por catorce políticos, sindicalistas y empresarios que se sentaban en el Consejo de Administración.

Las condiciones de estos créditos de Llamas no llegaron, según Villanueva, a oídos del Gobierno regional hasta «la salida» del empresario leonés de la presidencia de Caja España a finales de 2012. «Hasta entonces, a la Junta de Castilla y León, oficialmente la entidad nunca le informó de que estaba en morosidad esta persona», aseguró. «No teniendo capacidad de veto» en este tipo de decisiones, recordó que la Junta hizo uso de sus competencias legislativas para aprobar en 2010 un Decreto-Ley a partir del cual se fijaba un régimen de incompatibilidades que impedía a los directivos suscribir operaciones con las entidades en las que ostentaban cargos.

Por último, Villanueva, quien ya anunció su despedida política, realizó ayer un balance de su última legislatura al frente de Economía y Empleo. Un trabajo, que empezó en un escenario de «serias dificultades» y que deja en «recuperación», y con la previsión de que en Castilla y León se creen 35.000 empleos en los próximos dos años. Destacó la labor del Diálogo Social, el mantenimiento de la industria y que la región ha sido una de las pocas que ha destinado recursos propios en políticas activas de empleo.