Los consejeros imputados defienden que no hubo trato de favor a Llamas en Caja España

Los consejeros de Caja España que el 8 de enero de 2009 aprobaron la renovación de «buena parte» de los millonarios créditos demorados que tenía el entonces presidente Santos Llamas empezarán a declarar ante la juez del Juzgado de Instrucción número 5 de León dos días después de las elecciones autonómicas del 24 de mayo. Lo harán en calidad de imputados y ante un posible delito de administración desleal que el fiscal jefe de León, Emilio Fernández, considera que pudo concurrir especialmente en la fecha señalada al aprobarse unas refinanciaciones «en condiciones insólitamente ventajosas que no se concedían en ese momento a nadie» y que «pudieron perjudicar a la Caja». Hay que recordar que Llamas amasó cerca de 70 millones en créditos antes y durante su Presidencia de la entidad radicada en León y que aún debe «un elevado porcentaje» de esa cantidad.

Tanto la juez como el fiscal han querido que las declaraciones de los imputados se produzcan después de los comicios para tratar de que no interfieran en la campaña -aspecto que no han conseguido desde el minuto uno-. Y es que entre los llamados por la juez se encuentran varios políticos en activo y/o que van a estar en las listas municipales u autonómicas del 24M. Así, en el lado de los populares destacan el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez-Maillo; el alcalde de Medina de Rioseco, Artemio Domínguez -ambos se presentan para repetir en sus puestos-; además del edil de Ponferrada, Juan Elicio Fierro, y el expresidente de la Diputación y ex procurador, Javier García Prieto -que suena para las listas municipales que lidera Antonio Silván-. Del lado socialista, destaca la edil palentina Begoña Nuñez -que se presenta para repetir- y el ex alcalde de León, el socialista Francisco Fernández, que se marchó de la entidad recibiendo una jugosa indemnización de 500.000 euros. Además, estarían el ex procurador Zenón Jiménez Ridruejo y Marcos García González.

Junto a ellos, representantes elegidos por sindicatos e impositores. Así, la nómina de imputados se completa con el empresario Bernardo Fernández (propuesto por UPL), Miguel Ángel Álvarez (UGT), Alfredo Fernández Salvadores (Csica) y Juan Antonio Turrado (secretario general de Asaja en Castilla y León), mientras que del mundo de la universidad está el catedrático de Derecho Financiero Alejandro Menéndez.

ABC habló ayer con varios de los afectados y todos ellos defendieron su honorabilidad. En líneas generales, coincidieron en que aprobaron lo que les remitía el Comité de Riesgos y de Dirección entendiendo que tenía el visto bueno tanto del Banco de España como de la Junta. Así, el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez-Maillo, afirmó que afronta con «absoluta normalidad y tranquilidad» la citación para declarar y explicó que entró en la Caja «al final de todo el proceso y la política de la Caja en aquel momento era la refinanciación de las deudas, precisamente para salvarla», señaló. «Yo pertenecía a un órgano colegiado que tomaba las decisiones siempre con los informe favorable de los que sabían del tema y consideraba que la mejor solución para muchos créditos era la refinanciación en un momento en el que la situación del ladrillo y la economía iba empeorando», añadió. Además, señaló que la propia Consejería de Economía, como órgano supervisor, con el Banco de España, «nunca puso ninguna pega ni ninguna observación».

Turrado señaló que se trataba de decisiones que tomaba el Consejo «en un momento de crisis muy difícil y por las indicaciones de los doce miembros de un Comité de Dirección que cobraba una media de 200.000 euros al año». Molesto porque «a nadie le agrada que salga su nombre en estos asuntos», mantuvo que «se asumía más riesgo y hubo más deterioro para la entidad con diez o quince grupos empresariales que con Santos Llamas», al tiempo que insistía en que «era la dirección la que nos trasladaba que refinanciar era la opción menos mala». Tanto él como el catedrático Zenón Jiménez-Ridruejo constataron que el Banco de España «nunca nos avisó del riesgo» de unas operaciones en las que «le tratábamos -a Llamas- igual que al resto de empresarios.

Mientras, la Junta expresó el respeto a la actuación judicial y a la presunción de inocencia tras la imputación. Su consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, defendió que la Junta cumplió su labor al comprobar que que había un informe favorable de la Comisión de Riesgo y no se superaban los parámetros fijados.