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Satisfacción «a medias» en la minería por los incentivos para quemar carbón

Habrá ayudas a las térmicas, pero podrían retrasarse hasta 2016

Satisfacción «a medias» en la minería por los incentivos para quemar carbón ical

diego luis gonzález

Satisfacción a medias entre sindicatos y empresarios mineros, que conocieron ayer la propuesta del Ministerio de Industria y Energía, para incentivar el consumo de carbón autóctono en las térmicas. A cambio, el Gobierno dará, como ya avanzó ABC, subvenciones para modernizar estos complejos de producción de energía eléctrica e instalar nuevos sistemas que eviten las emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno. Hasta ahí, todo parece perfecto. Pero hay un problema: la Orden Ministerial que regulará este nuevo sistema podría tardar en aplicarse, hasta el año que viene. Hasta entonces, las empresas mineras necesitarán una solución transitoria para aguantar hasta entonces.

Es el nuevo horizonte que se presenta para el sector minero. Ayer, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, entregó, en reunión de la Comisión de Seguimiento del Marco del Carbón, el borrador de la propuesta ministerial, que ofrecerá dinero a las eléctricas para que adapten todas las térmicas que consumen carbón nacional a las nuevas normas europeas. Para tener derecho a cobrar el nuevo incentivo, dichas compañías deberán acreditar que tienen firmados contratos de compra y abastecimiento de carbón. En el documento todavía no se concreta el alcance de las ayudas que ofrece el Estado, aunque se mantiene una cifra próxima a los 400 millones de euros, que serían prácticamente suficientes para atender las necesidades de todas las térmicas. Además, inicialmente, se exigirán contratos con las empresas mineras para que vendan su carbón, durante cuatro años. La patronal Carbunión y los sindicatos demandan que ese período se extienda hasta los ocho o los diez años, lo que daría más estabilidad al sector carbonero. De paso, se reclama que el Estado pueda tutelar las negociaciones de estos contratos, a fin de evitar que las eléctricas puedan imponer su posición de superioridad.

Además, en la reunión de ayer, en Madrid, CC.OO. y UGT reclamaban la eliminación del llamado «céntimo verde», un impuesto que pagan las empresas mineras y cuya desaparición podría acercar el precio del mineral autóctono al del carbón internacional. Fuentes sindicales señalaron que no tiene sentido gravar al carbón español por sus emisiones de CO2, cuando el mineral extranjero genera incluso más gases de efecto invernadero, durante su transporte, primero en barco a los puertos y, luego, por carretera o ferrocarril a las térmicas.

El Ministerio de Industria recogió todas estas inquietudes y se comprometió a remitir, en la próxima semana, un nuevo borrador de su propuesta.

Plazo hasta septiembre

De todas formas, la entrada en vigor de la norma se podría demorar mucho más de lo deseado. Las eléctricas tienen plazo, hasta finales de septiembre, para decidir si quieren mantener abiertas sus térmicas u optan por un cierre progresivo, hasta el año 2023. Además, conviene recordar que esa iniciativa ministerial todavía necesita el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y, más adelante, de la Comisión Europea.

Por eso, el responsable regional minero de CC.OO. en Castilla y León, Jesús Magadán, mostraba una «satisfacción a medias, porque la situación sigue siendo crítica para muchas empresas mineras, y si no venden su carbón se verán abocadas a nuevos expedientes de regulación de empleo o al impago de sus compromisos con Hacienda, Seguridad Social y acreedores». Y, con esa misma preocupación, el dirigente nacional minero de UGT, Víctor Fernández, demandó alguna solución transitoria para este año, a fin de que las eléctricas compren el carbón nacional, a cuenta de lo que pueda venir.

De momento, y a la espera de recibir el nuevo texto, los sindicatos otorgan un «margen de confianza» al Ministerio de Industria y optan por aplazar las movilizaciones anunciadas en las cuencas, que siguen muy agitadas «pero insistiendo en la situación crítica del sector», insistió Magadán.

Por su parte, el líder de CC.OO, José Luis Villares, planteó la necesidad de prepararse para los recursos que, seguro, interpondrán las eléctricas «que no están de acuerdo. Así que, ahora, expectación, incertidumbre y esperamos que la norma salga rápido y podamos estabilizar el sector».

Cuestión en la que coincidía la directora de la patronal, Carbunión. Mercedes Martín, se mostró convencida de que, una vez más, mineras y eléctricas españolas acabarán litigando en los tribunales europeos. Incluso dio los nombres de «Iberdrola y Gas Natural, como las empresas que más nos preocupan. Imagino que tenemos que estar preparados ante una batería de denuncias en Luxemburgo. Y, bueno… Hemos ganado todo hasta ahora. Se ha demostrado, tanto en el Tribunal Supremo, como en Luxemburgo (en el Tribunal Superior Europeo de Justicia) que el carbón autóctono es de interés público, y el interés público ha podido a las empresas privadas».

Ayudas para este año

Al margen de esta cuestión, el secretario de Estado de Energía avanzó que, probablemente hoy, se publicará la convocatoria de las ayudas correspondientes a este año, para las empresas mineras. Supondrá un notable adelanto en comparación con lo que venía siendo habitual. E, igualmente, el Ministerio garantiza que, en los primeros días de este mes pagará los 5,8 millones de euros que aún adeuda a las productoras de carbón, y que corresponden a noviembre y diciembre del año pasado. Según datos oficiales, el importe total del dinero aportado por el Gobierno al sector del carbón se elevó, en 2014, a 33,2 millones.

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