sanidad
Unos 23.000 pensionistas podrán recuperar el copago farmacéutico
Castilla y León, la primera comunidad que habilita una línea de ayudas de este tipo
La Consejería de Sanidad ayudará a unos 23.000 pensionistas que se encuentren en situación de precariedad económica a pagarse las medicinas, para lo que ha aprobado una línea de ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos y evitar que una persona ponga en riesgo su salud por no poder pagarse un medicamento. De este modo, Castilla y León se convierte en la primera autonomía que adopta una medida de estas características, que supondrá un reintegro global para los beneficiarios de entre 1,2 y 1,5 millones de euros, según explicaron a Ical fuentes de Sacyl.
Han pasado casi tres años desde que la Junta modificara los límites máximos de aportación mensual para usuarios pensionistas y sus beneficiarios, algo que provocó numerosas protestas entre los afectados, más en un contexto de crisis donde algunas voces denunciaban que se ponía en peligro que los pensionistas continuaran con sus tratamientos, mucho de ellos por enfermedades crónicas.
La decisión de aumento de la aportación se tomó a raíz del Real Decreto-Ley de 2012 por el que se adoptaron medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Se tradujo en un aumento de la aportación, pero siempre en función de la renta, y en el caso de los pensionistas, que el 86 por ciento de los pensionistas abonara un máximo de ocho euros.
Para evitar posibles desigualdades y que algunas personas puedan abandonar los tratamientos, la Consejería ha fijado estas ayudas, cuyas bases reguladoras recoge el Bocyl de ayer y que pretenden atender las limitaciones económicas o de situación de exclusión social de personas que se encuentren en riesgo de no efectuar un seguimiento óptimo. Se dirigen a paliar, en especial, la falta de adherencia a los tratamientos crónicos.
En la propia orden se recoge que «en determinadas situaciones de precariedad, el gasto que supone la aportación de la prestación farmacéutica y ambulatoria puede suponer para el usuario una situación de vulnerabilidad que podría llevar al incumplimiento de los tratamientos y a poner en riesgo la salud de la persona. Por ello, las ayudas tienen como finalidad «establecer los mecanismos para facilitar la continuidad del tratamiento y evitar posibles desigualdades o situaciones de exclusión social.
Sanidad calcula que hay 23.000 personas que cumplen las ayudas y que podrán ser beneficiarias. Deben tener tarjeta sanitaria expedida por Sacyl con derecho a la prestación farmacéutica; ser pensionistas de la Seguridad Social, o beneficiario de un pensionista; recibir una pensión contributiva; que el nivel de renta del titular de la tarjeta sea inferior a 4.900 euros anuales o a 350 euros mensuales (referido a 14 pagas mensuales); y que la cuantía de la aportación anual efectuada por el solicitante ea igual o superior a 12 euros.
Toda la aportación
La cuantía de estas ayudas serán las aportaciones mensuales, hasta el límite establecido en el Real Decreto-Ley de 2012 de medidas urgentes, correspondiente a la aportación realizada por él mismo para acceder a la prestación farmacéutica ambulatoria prescrita. La concesión estará supeditada, en todo caso, a la existencia de disponibilidades presupuestarias que, para este fin, se habilitan en cada ejercicio. Se otorgarán por orden de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación, desde que el expediente esté completo, y si se cumplen los requisitos.
El modelo para pedir las ayudas estará disponible en la sede electrónica (http://www.tramitacastillayleón.jcyl.es) y en el portal de salud de la Consejería de Sanidad. (http://www.saludcastillayleon.es). Se fija un plazo de tres meses para resolver el procedimiento y notificar la resolución. El pago se efectuará con una periodicidad anual y en un solo pago
