minería

La Junta impide legalizar la cantera situada junto a las Médulas

Los informes técnicos que evidencian la total incompatibilidad de esta explotación minera con el espacio cultural y natural

La Junta impide legalizar la cantera situada junto a las Médulas abc

diego l. gonzález

La Junta de Castilla y León niega la posibilidad de legalizar la cantera de áridos de Catisa en la localidad berciana de Carucedo (León), activa desde 1968, frente al paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. Ayer se publicó la declaración de impacto ambiental desfavorable, firmada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que ha tenido en cuenta los informes técnicos que evidencian la total incompatibilidad de esta explotación minera con el espacio cultural y natural de Las Médulas, que fue, paradójicamente, otra mina de oro, en tiempos romanos. La resolución añade que afectará a dos territorios de valor ecológico, como los Montes Aquilianos y la Sierra de la Encina de la Lastra, y reclama la ausencia de un estudio de integración paisajística para reducir el impacto visual de la cantera. Finalmente, se enumeran varios informes de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que advierte sobre los graves riesgos de daños en el río Sil; el embalse de Peñarrubia, donde dice haberse comprobado la existencia de vertidos no autorizados; un arroyo y aguas subterráneas de un acuífero.

La resolución valora esos argumentos, por encima de los beneficios socio-económicos que aporta la actividad de la cantera para el municipio de Carucedo. También incluye referencias a los riesgos de destrucción de la vegetación, vertidos o arrastres de las erosiones.

Ahora, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León deja en manos del Servicio de Minas, el desarrollo de un plan para restaurar esa cantera denominada «Peña del Rego» y sobre cuya existencia llamó la atención la Reina Doña Sofía, en el viaje institucional que hicieron los Reyes de España al Bierzo en septiembre de 1999. Desde entonces, su actividad fue declarada ilegal por una sentencia judicial y la Junta impuso varias multas por incumplimiento de sus órdenes de paralización.

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