política
Independientes, PNV y Bildu avivan el rechazo de Treviño a Castilla y León
En vísperas del 24-M aprueban una moción sin el PP en la que piden pasar a depender del País Vasco
Con la ausencia del PP y a apenas dos meses y medio de las elecciones autonómicas y municipales, el Ayuntamiento del Condado de Treviño quiso conmemorar ayer en un pleno extraordinario la consulta popular de 1998 y aprobar de paso una proposición en la que aboga por el fin de los convenios entre Castilla y León y el País Vasco y la prestación directa de servicios de la comunidad vecina mediante el cambio de la titularidad administrativa. El alcalde del condado, Ignacio Portilla, recordó que las reivindicaciones de integración en Álava se remontan a 1646 y espera que la próxima legislatura se solucione esta situación.
La proposición, aprobada en el Ayuntamiento del Condado de Treviño por los concejales de dos agrupaciones independientes, PNV y Bildu, recoge que la prestación de servicios al enclave a través de convenios y otros «apaños institucionales» entre Castilla y León y el País Vasco supone una situación de «transitorialidad, precariedad e inseguridad jurídica» para los treviñeses.
El consistorio considera que ninguna de las dos instituciones implicadas está en condiciones de imponer condiciones u obligar a otras para garantizar la prestación de servicios y, en su opinión, la «solución racional» pasa por la trasferencia administrativa de la titularidad del enclave burgalés a las instituciones de Álava y País Vasco.
Ignacio Portilla dejó claro que son las Cortes Generales las que tienen la «competencia exclusiva» de arbitrar la solución y remitirán al gobierno toda la información recabada para conseguirlo. En este sentido, piden a las instituciones de Burgos y Castilla y León que constaten su «incapacidad» de prestar los servicios en Treviño de forma «racional, directa y de pleno derecho» y a las del País Vasco que fijen una fecha límite para que le sea transferida la titularidad del enclave «como única garantía de estabilidad y pleno derecho competencial».
Además de las acciones institucionales, la proposición contempla establecer como actuación permanente la presentación de denuncias puntuales ante los órganos que correspondan por la «vulneración de derechos» derivados de la situación administrativa actual tanto de índole público como particular. En este sentido, Portilla puso como ejemplo la imposibilidad de crear mancomunidades de gestión con sus vecinos más próximos del País Vasco o la diferente aplicación del céntimo sanitario en las dos comunidades.
