UPyD acusa a la excúpula de Caja Duero de causar «pérdidas» de 160 millones

La formación política UPyD se ha querellado en la Audiencia Nacional contra la anterior cúpula de Caja Duero por cuatro operaciones inmobiliarias «de escasa racionalidad financiera» con las que se pudo provocar «unas pérdidas» de 160 millones. El responsable de Regeneración Democrática de UPyD, Andrés Herzog y los candidatos del partido a la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado, y al Ayuntamiento de Zamora, José Miguel Mateos, registraban ayer su escrito en el que acusan a cuatro exresponsables de la entidad de un delito de estafa agravada, administración desleal y otro de estafa a inversores. Se trataría del expresidente, Julio Fermoso; el exdirector adjunto de Caja Duero, Antonio Sánchez; el exdirector de Inversiones del Grupo Negocio Duero, Juan Ramón Sagarmínaga, y el exdirector de Infraestructura, Juan Marcos.

UPyD detalla cuatro operaciones relativas a la financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles y/o participaciones en sociedades promotoras, cancelación de deudas, «pago de altas comisiones a intermediarios» por la compra de los mismos o inversión en sociedades de «precaria situación económica». En concreto, se refieren a la compra de los edificios Marqués de Villamagna, en Madrid; María La Brava, en Salamanca; la de un local en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, y la de participaciones sociales de la empresa Alqlunia Duero realizadas «con una inusual rapidez» y siempre con la participación de los querellados que «engañaron a los órganos internos de Caja Duero. En el caso de la compra de la sede de Caja Duero en Madrid, acusa directamente a Fermoso -imputado en la Audiencia Nacional por las preferentes de la entidad y por un Juzgado de Madrid por el «caso Nozar»- de haber causado un perjuicio de 55 millones en mayo de 2007, cuando las condiciones «desaconsejaban la operación», informa Efe.

En la siguiente, el agujero ascendería a 18 millones, cuando la compra debía haberse cargado al presupuesto de la obra social y cumpliendo una serie de trámites legales previos que no se siguieron.

También «se engañó» a los miembros de la Comisión y del Consejo para que aprobasen la adquisición del local valenciano, con lo que se originaba un «perjuicio patrimonial real de más de 15 millones». Por último, en la compra del 60 % del capital social de Alqlunia, que causó según UPyD un perjuicio de 25 millones, se ocultó a los órganos internos que existía una tasación que valoraba el precio de ese porcentaje hasta un 70 % menos.

Herzog explicó que esta nueva querella tiene su origen en un sobre anónimo que recibió el partido con documentación oficial sobre estas cuatro operaciones inmobiliarias que fueron revisadas por parte de Banco Ceiss siguiendo las instrucciones del FROB.