Castilla y León se dota de la primera ley de transparencia sin consenso de los grupos

Castilla y León cuenta desde hoy con la primera ley de transparencia y participación ciudadana, aunque sale de las Cortes sin consenso y sólo con el aval de la mayoría popular, algo que se recriminaron Junta y oposición en el debate final del texto. El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y los procuradores del PP defendieron que es una norma pionera que va más allá en sus exigencias que la estatal y los portavoces de la oposición estimaron que es «escasa».

El debate ante el pleno de la Cámara de las 129 enmiendas vivas de PSCyL, IU y UPL, todas ellas tumbadas por el PP, escenificó un cruce de reproches entre el grupo que sustenta a la Junta y los de la oposición, ya que para el primero «se culmina un modelo de éxito» y para los segundos no se incluye información de contratos públicos ni se avanza en la transparencia y la regeneración como derechos.

«Hoy siento tristeza por el acuerdo no logrado y satisfacción por traer a la Cámara el proyecto más logrado», confesó el consejero de la Presidencia al subir a la tribuna de las Cortes para explicar la ley. José Antonio de Santiago-Juárez lamentó la aprobación del texto sin un «gran acuerdo» por entender que es lo que «hubiera gustado a muchos ciudadanos». «Era lo sensato, lo correcto, lo que nos exigen», defendió.

De Santiago-Juárez afirmó que aprueban el texto «más completo« de los existentes en España en esta materia, destacó que se introduce como novedad la participación activa ciudadana y defendió que el modelo de Gobierno Abierto «no fue una ocurrencia, ni apuntase a una moda». «La Ley culmina un modelo de éxito, que no es una entelequia», aseveró, para resaltar las notas recibidas por la Comunidad en materia de transparencia por organismos externos.

La socialista Fernanda Blanco resumió las 88 enmiendas vivas de su grupo en «más transparencia, más participación activa y más regeneración democrática»; acusó al PP de dejar la ley en uno de los «debates más breve» en la Cámara y tildó de «boquilla» la propuesta de acuerdo de la mayoría popular. Para Blanco, no hay un avances en nuevos derechos, al tiempo que insistió en el conocimiento de todos los contratos públicos. «Es una ley mala de solemnidad», aseveró.

Entre las enmiendas, enumeró las que elevan la transparencia y la regeneración democrática a la categoría de derecho y la publicación en el Gobierno Abierto de la agenda de los altos cargos y personal directivo del sector público. También que una materia pedida al menos diez veces al año o por dos colectivos figure en el mismo portal, la publicidad completa de la relación de puestos de trabajo y las listas de espera sanitarias y de servicios sociales