Triana pasa al ataque para probar «la persecución» de Carrasco

Cuando el final de la fase de instrucción parecía que estaba a la vuelta de la esquina, la defensa de Montserrat y Triana ha querido jugar todas sus cartas de golpe y en el último momento con el objetivo de que quede probado que Isabel Carrasco persiguió laboral, política y personalmente a la hija de la asesina confesa. Para demostrarlo ha solicitado, según ha podido saber ABC, una amplia batería de diligencias admitidas en su mayor parte por la juez y en las que se reclama información sensible a instituciones como la Junta de Castilla y León, la propia Diputación de León y el Ayuntamiento de Astorga, además de a la agencia Tributaria, entre otras. Todos los oficios propuestos parten de las declaraciones que realizaron tanto la madre como la hija ante la juez días después de que Carrasco fuera asesinada y cuando ya denunciaron que la mandataria «iba a por mi». En aquellas comparecencias dijeron que «no sabían por qué» se producía esta «persecución», aunque recientemente la hija aseguró que todo comenzó cuando rechazó que Carrasco la besara (en mayo había negado este extremo).

En primer lugar, la juez -a petición de la defensa- pide a los juzgados de León las dos sentencias del proceso que enfrenta a la Diputación y a Triana por un supuesto pago irregular a la joven cuando trabajaba para la institución a las órdenes de la expresidenta -le reclaman 6.583 euros-. y que se detectó una vez que la acusada quedó fuera de la institución -al suspender las oposiciones- en un proceso que calificó de «irregular» con «cambios de exámenes» incluidos.

Grabación propia

Vinculado con el concurso para ocupar el puesto de ingeniera de telecomunicaciones en la institución provincial, la titular del juzgado de Instrucción número 4 solicita a la Policía Nacional que aporte una grabación realizada por la propia imputada y en la que, supuestamente, se demostraría algún tipo anomalía. También reclama a la Diputación, entre otros aspectos, que especifique cuántos procedimientos de lesividad -ante sueldos cobrados de más erróneamente por funcionarios- se han utilizado desde 2007 a 2014, además de los pagos realizados al abogado para la defensa en este caso, así como diferentes acuerdos de la institución que posibilitaron primero la creación de una nueva plaza ganada por Javier Casado y después su amortización para mayor enfado de la acusada.

En la misma línea, la juez accede a reclamar un certificado del número de requerimientos llevados a cabo por la Agencia Tributaria de León contra la hija de Montserrat, que testificó que tras dejar la Diputación «me mandaban inspecciones de Hacienda» sin entender «por qué querían joderme de un modo tan directo».

Pero la ofensiva de la defensa de Triana no se queda ahí. Una nueva diligencia admitida obligará al Ayuntamiento de Astorga a explicar por qué la imputada no ocupó en marzo de 2011 la plaza que quedó vacante como edil del Consistorio. «Me correspondía a mí, pero no me dejaron y también fue cosa de Isabel», según denunció en su declaración de mayo.

Respecto a la Junta, se le pide que certifique los nombramientos de los directores generales del 7 de julio de 2011 y del 14 de julio del mismo año. En esta última fecha se completó el organigrama con el nombramiento de la directora general de Telecomunicaciones, un puesto que, según señaló la madre, iba a ser concedido a su hija. Por último, la juez pide a DKV Seguros que facilite el historial de actos y consultas médidas prestadas a Triana después de que la acusada asegurara que tuvo que cogerse la baja, que fue recetada con tranquimazin y orfidal y que perdió «muchos kilos» porque sus días eran «un sinvivir».