Treviño entra en campaña y rechaza ahora los servicios de la Junta

La deriva independentista de los actuales responsables municipales del enclave de Treviño -con vistas a los comicios de mayo- parecen no tener fin. Si una aplastante mayoría de diputados echó por tierra en diciembre su enésimo intento de pasar a depender de Álava -el PSE, Bildu y PNV fueron sus avales en el Congreso-, ahora continúan con la guerra por su cuenta hasta el punto de plantear ayer la «caducidad» de los convenios que surten de servicios sociales a sus habitantes firmados y cumplidos desde hace años por la Junta de Castilla y León y el Gobierno vasco. Así se lo trasladaron ayer al consejero de la Presidencia, José Antonio De Santiago-Juárez, que les recibió en el inicio de una «ruta» que también les llevará a reunirse con el presidente de la Diputación de Burgos, el diputado General de Álava y el presidente del Ejecutivo vasco -en este caso paradójicamente aún sin fecha-.

Ambos alcaldes pidieron que se establezca la caducidad de los convenios firmados por la Junta para mejorar la prestación de servicios a los habitantes del enclave. Eugenia Galarreta, una de las concejalas de la Agrupación de electores de Condado de Treviño, que forma el enclave junto a La Puebla de Arganzón, explicó ayer tras el encuentro que los convenios son fruto de la recomendación que hizo en 1995 una ponencia del Senado creada para resolver los problemas del enclave. Aseguró que en esa ponencia se plantearon los convenios como una «solución temporal», hasta la resolución definitiva del problema.

Galarreta reconoció que la reunión con el consejero de la Presidencia fue más breve de lo que pensaban. De Santiago rechazó de plano las pretensiones de las dos delegaciones municipales treviñesas, a las que recordó que la competencia para firmar o dejar de firmar convenios con otras comunidades, su alcance y duración es de la Junta de Castilla y León, que seguirá haciéndolo cuando lo considere oportuno y que no tiene porque contar para ello con los ayuntamientos.

Mientras los alcaldes de Condado de Treviño, Ignacio Portilla, y La Puebla de Arganzón, Roberto Ortiz, defendieron que la solución final para Treviño debe ser su adscripción a Álava, de donde aseguran que reciben la mayor parte de los servicios, el consejero de Presidencia reiteró que el enclave es parte de Castilla y León. En este sentido, recordó que la pertenencia a esta comunidad está blindada en el Estatuto de Autonomía yes algo que han confirmado tanto los representantes de los habitantes de Castilla y León, con un acuerdo de las Cortes, como los de toda España, representados en el Congreso, que hace unas semanas rechazó el intento de los ayuntamientos de Treviño y el Gobierno vasco de buscar una vía para la segregación del enclave burgalés las instituciones de Castilla y León y de Burgos.

Portilla, por su parte, mostró su confianza en poder «dar solución» al «problema» del enclave burgalés en la próxima legislatura, después de mantener reuniones con los principales responsables de las administraciones castellana y leonesa y vasca. Una realidad para la que cree conveniente poner «plazos de caducidad» ante la «poca reacción» en los servicios prestados por la Junta de Castilla y León. El regidor explicó que el encuentro había sido «formal» y que durante el mismo se ha abordado «el problema de prestación de servicios» de ambas localidades. En este punto, el primer edil reclamó que sea el País Vasco quien tome la titularidad de los mismos al entender que los «convenios solo pueden dar respuesta a una situación transitoria».