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El TSJ imputa por prevaricación al exalcalde de Medina del Campo
Sigue adelante con la causa contra el también procurador de las Cortes por una adjudicación irregular
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León investigará por un delito de prevaricación administrativa, fraude y falsedad al ex alcalde de Medina del Campo y actual procurador popular en las Cortes, Crescencio Martín Pascual, en base a una presunta adjudicación irregular que el ex regidor pudo haber «concertado» junto a otros implicados para la ejecución de la construcción de una rotonda en el municipio vallisoletano y por la que tendrá que prestar declaración en calidad de imputado, según se recoge en un auto de a Sala de lo Civil y Penal. El mismo, abre diligencias previas y acuerda seguir adelante con la causa, de la cual se declaró competente a finales del año pasado al ser los hechos vinculados a un aforado del parlamento autonómico.
Los hechos se remontan a mayo de 2009, cuando se acordó dar inicio al expediente de contratación de obras para llevar a cabo del proyecto de una rotonda de acceso a una zona industrial, que serían licitadas en el mes de junio. Siete ofertas se presentaron a la misma, y sin que ésta fuera resuelta una de ellas denunció en agosto que una empresa había «comenzado a ejecutar materialmente las obras».
La demanda llevó entonces una reunión de la Mesa de Contratación municipal a fin de que se pronunciara sobre la adjudicación, si bien ésta rechazó «seguir adelante con las formalidades» y propuso una comisión de investigación sobre lo ocurrido. «El alcalde, lejos de ello, y después de haber comunicado que quedaba interrumpido y sin efecto el proceso de licitación, convocó» al ingeniero autor del proyecto y director de la obra, al representante legal de la empresa Construcciones Hermanos Sastre -la presuntamente beneficiada- y su arquitecto técnico «a reunirse sobre el terreno y certificar el comienzo de las obras», cuyo acta de recepción firmo el concejal de Urbanismo, entre otros, según recoge el auto.
Factura
En diciembre, el Ayuntamiento recibiría una factura de las obras de 324.531 euros, el presupuesto base de licitación, que la Junta de Gobierno acordó abonar por unanimidad, pese a la negativa de la interventora municipal, entendiendo que dado que la actuación se había ejecutado efectiva y satisfactoriamente no pagar sería ilegal.
La Sala no contempla entidad penal entre los que asistieron a esta Junta de Gobierno y ha procedido a exonerarles junto a otras personas citadas a declarar previamente. En total se han incoado diligencias para diez involucrados en el proceso, mientras que el ex concejal de Urbanismo, el director de la obra , el representante legal de la empresa y el ex regidor deberán prestar declaración por la causa.
