El sector del carbón augura «cierres en cascada» porque «lo quiere el Gobierno»

Lejos de suponer el bálsamo necesario para curar las constantes incertidumbre a las que está sometido el sector del carbón, la publicación, ayer, de la resolución que aprueba el reparto de ayudas del Estado correspondientes al año 2014 a las empresas mineras, supuso una excusa para revelar nuevos motivos de preocupación. El Ministerio ha dado el visto bueno al reparto de 33,1 millones de euros a nivel nacional, en total. Supondrán una inyección de 15,5 millones para compañías de Castilla y León. Para empezar, llama la atención que la relación, difundida a través del Boletín Oficial del Estado, sólo incluye cuatro sociedades que mantienen su actividad en la Comunidad. Se trata de la Hullera Vasco-Leonesa, que percibirá 6,7 millones de euros; Unión Minera del Norte (Uminsa), que va a cobrar 6,4 millones; la mediana «Hijos de Baldomero García» (1,79 millones) y la pequeña «Carbones de Arlanza», que se conformará con 604.000 euros. Como ya era conocido, se ratifica la decisión de no pagar a la vieja Coto Minero Cantábrico y Alto Bierzo, sociedades que no han superado sus respectivos procesos concursales.

El resto se destina a dos empresas privadas que sacan carbón en Aragón, la Minera Catalano-Aragonesa y la Compañía General Minera de Teruel; una de Puertollano, en Ciudad Real, Encasur (Empresa Carbonífera del Sur), y otra de Asturias (Carbonar). En el Principado, además, la compañía pública Hunosa se lleva 4,9 millones del reparto de fondos estatal.

El sector carbonero reconoce que es dinero que sigue siendo imprescindible para cuadrar cuentas de resultados, pero lamenta que llega muy tarde. De hecho, el abogado ponferradino César Garnelo, asesor jurídico de Uminsa, se mostró ayer más contrariado que satisfecho con la decisión ministerial.

En su primera valoración, de hecho, llamó la atención sobre la consignación de poco más de 30 millones de euros que no suponen «ni el diez por ciento de lo que el sector recibía en 2011. Eso da una pequeña idea del apoyo del PP y del Gobierno a la minería del carbón». Tras esa primera andanada, el letrado de empresas de Victorino Alonso censuró que el Partido Popular haya «apretado las tuercas tanto, que todo está ya decidido. Más allá de una alusión al carácter imprescindible de ese dinero, lo mejor es esperar un poco, porque en los próximos meses iremos viendo hasta qué punto eran imprescindibles las ayudas. No éstas. Las que se dejaron de pagar». César Garnelo fue más allá para vaticinar que las empresas «cerrarán en cascada mucho antes del año 2018, que es lo que quiere el Gobierno, no lo previsto». Y apostilló que «no es que el sector minero tire la toalla, es que le obliga. El sector hubiera querido seguir más tiempo, pero en otras condiciones. No en estas».

El reparto de las ayudas estatales a las empresas mineras supone un paso más en la disminución de las aportaciones del Gobierno. A una distancia sideral quedan ya los números del año 2011, cuando el ejecutivo de Zapatero dejó resuelto el reparto de un total de 301 millones y medio de euros entre las compañías productoras de carbón. El cambio de Gobierno y la llegada del PP supuso una drástica rebaja que en 2012 se tradujo en 111 millones . No obstante, al final, el Gobierno no llegó a desembolsar ni la mitad de esa cantidad. La cuesta abajo en esta continua reducción de las ayudas estatales a la minería del carbón encontró un nuevo peldaño en 2013, cuando el volumen total de fondos que se destinaron a las empresas se quedó en los 67,7 millones de euros.

La minería del carbón ha iniciado este año 2015 con una situación desconocida. Desde el primer día del ejercicio se enfrenta, por primera vez en la historia, al libre mercado. El Gobierno aún no ha determinado medidas para favorecer el consumo del mineral autóctono en las centrales térmicas para producir energía. De momento, la situación se salva en virtud de los contratos suscritos por Endesa con las empresas mineras, para la compra del carbón que produzcan en estos meses de enero y febrero.