Nuclenor defiende que la seguridad de Garoña es «superior a lo requerido»

Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) asegura que los márgenes de seguridad de Santa María de Garoña son «superiores a los requeridos en sus bases de diseño y están al mismo nivel que el resto de las instalaciones españolas y europeas».

Así, ha reiterado que la planta atómica cumple «con todos los requisitos» de seguridad y está preparada para operar a largo plazo, de acuerdo a la renovación de licencia hasta 2031 que ha solicitado al Gobierno.

Además, en un comunicado que sigue al pacto firmado este jueves en el Congreso de los Diputados por todos los grupos de la oposición excepto UPyD y CiU con el fin de evitar la reapertura de la central burgalesa e iniciar un plan para suprimir la energía nuclear en España, Nuclenor ha subrayado que «todos» los estudios realizados hasta el momento demuestran que la vasija del reactor y los elementos más importantes de la instalación disponen de márgenes de seguridad para operar «más allá de los 60 años».

En este sentido, destaca que el conjunto de medidas adicionales que Nuclenor ha incorporado y va a incorporar en distintos equipos, sistemas y procedimientos refuerzan la seguridad y dan robustez a la planta para hacer frente a las situaciones más extremas (terremotos, inundaciones, pérdidas de suministro eléctrico y gestión de accidentes severos).

Además, señala que pese a que la central nuclear está parada desde diciembre de 2012, Garoña ha mantenido un «programa exhaustivo de mantenimiento y conservación de la instalación que asegura su perfecto estado».

Asimismo, añade que la planta se ha ido actualizado tecnológicamente desde el inicio de su operación con inversiones que han superado los 430 millones de euros para cumplir con las exigencias «al mismo nivel que las central más modernas».

Por otro lado, ha recordado que Garoña genera más de 1.600 empleos directos e indirectos y el impacto económico se cifra en unos 279 millones de euros anuales con una repercusión fiscal del orden de 75 millones de euros.