El Congreso pide al Gobierno retirar el peaje de la AP-1 en 2018

Mantiene año tras año el título de «punto negro» y tiene un tránsito de 9.500 vehículos diarios, de los que casi el 50 por ciento son pesados, con el consiguiente desgaste y peligrosidad que supone. La N-1 tiene «un gran índice de accidentes» y junto a ella transcurre la solución: la AP-1, una autopista que va de Burgos a Vitoria y que podría descongestionar la nacional, pero cuyos precios frenan a los conductores. Por ello, ayer el Congreso de los Diputados reclamó que el desembolso no siga condicionando una movilidad segura y acordó instar al Gobierno a «no prorrogar la concesión» de esta vía de peaje una vez finalice su vigencia en noviembre de 2018 y esta carretera quede, así, libre de pago.

El objetivo es que se convierta en autovía. Al menos, así lo reclaman dos de los defensores de esta iniciativa en la Cámara durante la Comisión de Fomento, el socialista burgalés Luis Tudanca y el popular leonés Eduardo Fernández. Lo acordado -por unanimidad de todos los grupos- pretende «que gobierne quien gobierne» en 2018 no se prorrogue esa concesión que José Luis Rodríguez Zapatero renovó en 2005 por trece años. Aunque existirían fórmulas por las que mantener un coste, «todo hemos pedido que no lo hagan», explicaron ambos parlamentarios en declaraciones a ABC.

Esta petición fue aprobada después de haber llegado a la Comisión con acuerdo de los grupos a raíz de una Proposición no de Ley (PNL) que presentó el Partido Socialista y defendió Tudanca. No consiguió el burgalés su otra pretensión respecto a esta vía, que consistía en que hasta que llegará el 2018 y con él el fin de la concesión, se comience a liberar la carretera convencional de tráfico pesado a través de otras soluciones. La suya era que la Junta asumiera unas bonificaciones y se firmara un convenio «para prohibir el tráfico pesado por la N-I». Una idea que no triunfó. En su lugar, se reclamará al Gobierno que destine a la AP-1 parte de su presupuesto de 5 millones anuales con el que cuenta para compensar el tránsito de camiones.

En concreto, esta partida contempla bonificaciones para el transporte pesado y se aspira a que se «proceda a su implantación en los tramos en los que resulte factible técnica y económicamente y sea beneficioso para la mejora de las condiciones de circulación».

Con la aprobación de esta petición, que PP y PSOE entienden que se traducirá en que la AP-1 sea autovía a finales de 2018, Tudanca cerró ayer su etapa en el Congreso con un logro para su tierra. Así, se despidió de la Cámara que abandona tras haber sido nombrado secretario autonómico de los socialistas en Castilla y León