El «caso PGOU» de Valladolid suma cinco nuevas imputaciones

Cinco nombres más se suman a la lista de imputados por el caso del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid debido a su presunto vínculo en las supuestas irregularidades cometidas en la alteración del PGOU de la capital. La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número uno de la ciudad encargado del asunto se produce después de que estas cinco personas, Pilar López Mazariegos, Gonzalo Jolín Garijo, Francisco Capellán Barbado, Lino Collazos del Castillo y Ramón Herrero Merino, fueran citadas a declarar el pasado mes de noviembre y a la vista de «hechos indiciarios» en cuanto a la «connivencia» entre el ex concejal José Antonio García de Coca, técnicos municipales y otros implicados en la trama. Cabe recordar que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial dejó en octubre fuera de esta lista de imputados, al alcalde, Francisco Javier León de la Riva, y al concejal de Seguridad y Movilidad, Manuel Sánchez, pese al criterio en contra de la Fiscalía y la acusación popular.

En concreto, el auto expone que Ramón Herrero Merino y Gonzalo Jolín Garijo estuvieron vinculados a operaciones en la avenida de Madrid. En concreto, explica cómo el primero, «siguiendo el comportamiento general con los técnicos municipales imputados en cuanto a la obtención de beneficios derivados de la alteración del PGOU», adquirió terrenos en este punto y cómo ambos reclamaron la eliminación de una limitación de superficie mínima que desapareció con las modificaciones del Plan posteriormente.

En cuanto a Pilar Asunción López Mazariegos, que era administradora de la sociedad JAPYBE S.A. -dueña de la fábrica La Perla-, le imputa por producirse «en el entorno temporal en que se produce la alteración del PGOU» la venta de la harinera para su uso hotelero -el establecimiento de cinco estrellas Marqués de la Ensenada- a Sacedón Patrimonial, cuyo administrador era Francisco Capellán, y habiendo presentado «ambas sociedades interés común en esa calificación, que se vio cumplido» tras la modificación, de acuerdo con el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Finalmente, en cuanto a Lino Collazos del Castillo, se recoge que éste era secretario de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, titular de unos terrenos en la calle José María Lacort, donde también se llevaron a cabo actuaciones urbanísticas, entre ellas un aparcamiento subterráneo por Parkosa.

Los hechos que se les imputa por el «caso del PGOU» podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, cohecho, contra la ordenación del territorio y contra la administración pública.