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La Junta declara «situación especial» en Campofrío para facilitar ayudas
La empresa registra el ERE en Burgos y permitirá a los trabajadores tener otro trabajo mientras dure
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La dimensión de la empresa y la «trascendencia de lo ocurrido», con repercusión en la esfera laboral, social y económica, supera el «ámbito de Burgos y de la Comunidad». De ahí que la Junta de Castilla y León, en la primera reunión del Consejo de Gobierno después del incendio desatado en la madrugada del pasado domingo que redujo a cenizas la planta de Campofrío en la capital burgalesa, declarase ayer el fuego como una «situación de especial y extraordinaria trascendencia y urgente actuación». Un acuerdo cuyo objetivo es «facilitar a la empresa la reconstrucción y la puesta en funcionamiento de la factoría -fechada en 2016-», así como la «recuperación» de la capacidad productiva y el «mantenimiento del empleo», según destacó la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente. Para ello se abre la vía a medidas tanto de apoyo a los trabajadores como a la reconstrucción de la empresa.
Por un lado están las actuaciones de apoyo a los empleados que de un día para otro han visto cómo se consumía su trabajo. De hecho, Campofrío registró ayer en la Oficina de Trabajo de Burgos el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 774 trabajadores, mientras que otros 118 han sido recolocados en otras plantas de la compañía. La solicitud, «por causa de fuerza mayor», es para un periodo de dos años, aunque se puede modificar.
Precisamente a que los trabajadores «mantengan al máximo su nivel de ingresos» mientras dure el ERTE va dirigida una de las medidas, a través de fórmulas que, «en coordinación» con la propia empresa, «permitan incrementar las prestaciones». Una cuantía aún sin concretar, pues depende también de las negociaciones abiertas con el Ministerio de Empleo, que ha ofrecido «todo su apoyo», y que podían suponer una reducción o exención de las cuotas a la Seguridad Social. «Vamos a intentar que lleguen al máximo posible», recalcó la consejera, quien garantizó que existe crédito suficiente en las arcas regionales para hacer frente a esta decisión. También en este ámbito de apoyo a los trabajadores se acordó propiciar, en colaboración con las entidades financieras, establecer procedimientos para que no disminuya la renta disponible de las familias mediante la refinanciación y financiación de los créditos pendientes, especialmente hipotecas ligadas a las nóminas de Campofrío, apuntó Clemente. La Junta también a dispuesto que puedan ponerse en marcha ayudas sociales cuando sean necesarias en el marco de la Red de Apoyo a las Familias.
Por otro lado, las medidas de apoyo a la reconstrucción de la empresa. En primer lugar, una fórmula permitirá «priorizar» a Campofrío en la próxima convocatoria de ayudas a fondo perdido para la inversión en industrias agroalimentarias. Y con el objetivo de «incentivar al máximo el mantenimiento del empleo», estas ayudas serán proporcionales al número de trabajadores que se reincorporen a sus puestos una vez que la fábrica vuelva a producir. Se trata de un caso «extraordinario» de modo que cada reincorporación se considere nuevo empleo, de modo que pueda tener acceso a las líneas del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, donde las ayudas van ligadas a la creación de puestos de trabajo. Éstas se unen a las que pueda ofrecer el Ministerio de Empleo, las que tiene abiertas el de Economía y las ofrecidas para la financiación por el departamento de Industria. «Se está trabajando en todos los frentes», destacó Clemente, quien apuntó que Campofrío «necesita» un plan de financiación de cara al futuro.
Impacto
Por su parte, la Junta también «simplificará al máximo» los trámites administrativos, considerados «prioritarios» y de tramitación «urgente», de modo que los plazos para que se pueda levantar la nueva planta cárnica sean los mínimos. Además, una Comisión Delegada se encargará de la coordinación y supervisión de todas las actuaciones vinculadas a Campofrío.
Para esta declaración, el Gobierno regional ha tenido en cuenta que cuatro de las ocho fábricas que la cárnica tiene en España están situadas en la región (tres en Burgos y una en Soria), y en ellas trabajan cerca de 1.700 personas (más de la mitad, 891, de forma directa en la planta consumida por las llamas). Es, además, la que «mayor facturación» tiene dentro del sector agroalimentario a nivel regional. Con 1.900 millones de euros anuales, se come el 19% de los 10.100 millones de las 3.073 firmas que operan en este ámbito y es la segunda a nivel nacional. Y el matadero anexo de Carnes Selectas sacrifica más de 1,36 millones de cabezas de porcino al año, un millón de animales cebados en la región. La empresa garantizó ayer que mantendrá el volumen de actividad, así como las relaciones contractuales con los ganaderos de Castilla y León, según explicó el director de compras, Jesús Maes, en una reunión con UPA y COAG. Tirarán para ello de las 27 fábricas repartidas entre España (siete), Europa (19) y Estados Unidos (una).
Estas cifras de lo que mueve Campofrío «dan la dimensión de lo que significa esta empresa», subrayó Clemente y las medidas especiales adoptadas por la Junta ante una situación «extraordinaria».
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