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El Ayuntamiento de Valladolid tendrá que pagar 21 millones por los terrenos del Zambrana
Los herederos han presentado un recurso ante el TSJ, contra el justiprecio fijado, que ellos elevan hasta los 96 millones de euros
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Valladolid a pagar 21 millones de euros (intereses incluidos) a la comunidad de herederos del antiguo propietario de los terrenos donde se ubica el centro de internamiento de menores Zambrana y que fueron expropiados en los años cuarenta para la construcción de este reformatorio, según informa El Norte de Castilla y recoge Ical.
El rotativo expone que el alto tribunal desestima el recurso presentado por el Consistorio y le recuerda, básicamente, que en su momento no recurrió las resoluciones que fijaron el justiprecio y que se ajustan plenamente a la legalidad y están avaladas por la jurisprudencia. Los herederos han presentado un recurso, también ante el TSJ, contra el justiprecio fijado, que ellos elevan hasta los 96 millones de euros.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Valladolid, creó una Comisión de Investigación del caso Zambrana, para determinar las posibles responsabilidades políticas tras la sentencia que condenó al Consistorio a pagar 20 millones de euros a los herederos de Juan Puentes por unos terrenos junto al centro de menores Zambrana que les expropiaron en 1943, que se cerró a finales de abril sin ningún acuerdo entre PP, PSOE e IU.
El Ministerio de Justicia expropió ese suelo para la construcción del centro Zambrana y ahora los juzgados han resuelto el justiprecio de 53.000 metros cuadrados (5,3 hectáreas de un total de 40,4 hectáreas en el entorno). Se trata de una parcela que no fue utilizada ni para el Centro Especial de Menores ni para la construcción del nuevo Hospital Río Hortega.
Dos años después de la muerte de Franco, en 1977, los propietarios pidieron la devolución de sus antiguos terrenos ante la falta de uso. Un suelo que podía tener un uso agrícola porque el barrio Delicias no contemplaba una planificación urbanística en esa zona. En 1984, el Estado traspasó a la Comunidad Autónoma ese suelo y, posteriormente en 2007, la Junta de Castilla y León firmó el convenio de «reversión» de una parte del terreno expropiado originariamente.
Sin embargo, el suelo era ya «dotacional», lo que perjudicaba claramente a los titulares porque no podían venderlo para construir viviendas. En consecuencia, los propietarios de esa finca solicitaron una «reexpropiación». La Comisión Territorial de Valoración tasó la parcela norte en 2012 en 17 millones de euros aunque los herederos de la familia 'Don Justo' reclamaron 96,2 millones de euros.
La sentencia inicial de la Audiencia Provincial cuestionaba los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Junta Local de Gobierno el 8 de febrero y el 19 de abril de 2013.
