política
El alcalde de Treviño amenaza: «Si no nos escuchan, nos haremos oír»
El Congreso frena en seco la propuesta «por la puerta de atrás» del Gobierno vasco para anexionar el enclave
![El alcalde de Treviño amenaza: «Si no nos escuchan, nos haremos oír»](https://s2.abcstatics.com/Media/201411/19/alcaldes-trevino-congreso--644x362.jpg)
Aunque el Congreso de los Diputados rechazó por la amplia mayoría de los votos de PP y PSOE la toma en consideración de la proposición de Ley llegada desde el Parlamento vasco para reclamar la anexión de Treviño, uno de los alcaldes del enclave, Ignacio Portilla, amenazó ayer con que «si no nos escuchan, nos haremos oír» oír» en el futuro para seguir reivindicando una postura que fue defendida ayer por el socialista Txarli Prieto y los nacionalistas Xabier Agirre y Belén Arrondo, del PNV y EH Bildu respectivamente. Tras escucharles, el diputado popular Arturo García Tizón rechazó todos y cada uno de los argumentos que expusieron y señaló que su partido tenía que rechazar la iniciativa «por razones estrictamente constitucionales» ya que, a su juicio, «sí está Cámara aprobara una ley como la que propone el Parlamento Vasco estaría viciada de raíz de inconstitucionalidad». Según su argumento, sentaría «un grave precedente» que desde el Parlamento de una comunidad autónoma se inste a las Cortes Generales a modificar el Estatuto de otra Comunidad.
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Además, el diputado del PP, apeló a razones históricas para defender la pertenencia del Condado de Treviño a Castilla y León. En caso contrario, si «suprimimos» los «derechos históricos», se ha preguntado, qué pasa con los que reconoce la Constitución y el Estatuto de Guernica al País Vasco, como las instituciones forales o el cupo vasco que «no responden a ninguna racionalidad administrativa».
«Sin populismo»
Por su parte, el diputado socialista y secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, rechazó también la integración de Treviño y La Puebla de Arganzón en Álava al negar que se trate de un problema «histórico», «identitario» o «partidista» sino «una discusión» sobre cuestiones «funcionales, administrativas y de prestación servicios» y cómo los ciudadanos «ven atendidas sus necesidades». «Hagamos política por el bien de los vecinos del Condado de Treviño, sin demagogia, sin populismo y para resolver este problema en el menor tiempo posible», ha concluido.
Mientras, el debate era seguido desde la tribuna de invitados por una numerosa delegación del Cámara vasca encabezada por su presidenta, Bakartxo Tejeria, además de Portillo (Teviño) y Roberto Ortiz, alcalde de La Puebla de Arganzón, y el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, entre otros, quien consideró que el debate celebrado es «una puerta de atrás» porque «es una intromisión» de la Cámara de Vitoria en el Estatuto de Castilla y León que «es una ley orgánica del Estado». A este respecto, señaló que «este no es el método ni siquiera para abrir un proceso». A su juicio, «nadie en Castilla y León» planteó nunca «meternos en competencias» de otras comunidades. En la misma línea, el secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y León, defendido por la mañana la pertenencia del condado de Treviño a Burgos y a la Comunidad y afirmó que el Parlamento Vasco se ha «extralimitado».
El diputado del PNV esgrimió razones administrativas y de cercanía de esos dos municipios a la capital de Vitoria y también a la «expresión del sentir» de los ciudadanos de los dos municipios del Condado. «Este no debe ser un problema de choque de trenes entre dos comunidades autónomas», señaló Agirre, «sino un problema concreto y específico de enclave al que la política debe dar respuesta». Por parte del PSE, el diputado autonómico Txarli Prieto, destacó que la iniciativa parte en realidad de los dos municipios que lo integra. A su juicio, existe un «empate» entre el Artículo 8 del Estatuto Vasco y la disposición tercera del Estatuto de Castilla y León por lo que el Congreso y el Senado son las cámaras «adecuadas» para resolverlo. Mientras, la diputada autonómica de Bildu, Belén Arrondo, se refirió a la necesidad de acabar con un «contencioso medieval» que «tiene más que ver con el derecho de pernada» que con «la democracia del siglo XXI».