Impulso la regeneración democrática en Castilla y León
El PP propone políticos con fecha de caducidad y máxima transparencia
Abre un proceso de reforma del Estatuto y plantea limitar los mandatos del presidente y los parlamentarios y que haya menos procuradores con sueldo fijo en las Cortes
La regeneración política y democrática tan reclamado desde amplios sectores de la sociedad ya tiene un primer y significativo esbozo en la Comunidad con el anuncio pionero de una batería de medidas «ambiciosas, realistas y coherentes» desmenuzadas ayer por parte del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León. En el caso de salir adelante, supondrían una nueva -la cuarta- reforma del Estatuto de Autonomía para limitar por ley los periodos de mandato tanto del presidente de la Junta como de los procuradores, entre otras múltiples actuaciones. Según recalcó su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, se trata de 33 iniciativas concretas que responden a la petición expresa realizada hace unos meses por el máximo responsable del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera, «cuando nos llamó a reaccionar» ante la «apatía, la desconfianza y un profundo descontento de un gran numero de ciudadanos» tanto por la dureza de la crisis «y los sacrificios asumidos» como por «los escandalosos casos de corrupción que han salpicado la vida pública» en los últimos tiempos. Con este paso, los populares vuelven a tomar la delantera a los socialistas castellano y leoneses, más dedicados a tratar de resolver sus problemas internos con la elección de su nuevo secretario general y que han dejado pasar el tiempo pese a que allá por el mes de junio se comprometieron a presentar una iniciativa en este sentido.
Será en el pleno de la próxima semana cuando se apruebe la proposición no de ley como paso previo a que las medidas previstas se conviertan en realidad «lo antes posible» y en función de la «protección» legal de la que gocen. Entre las que se prevé «blindar» con el «nuevo» Estatuto, se incluyen las ya citadas del límite de mandatos en el ejercicio de la Presidencia de la Junta -que el propio Herrera ya demandó hace un año- y de las Cortes de Castilla y León, además de la de los procuradores, cuyo número -desde los 84 actuales- también proponen reducir los populares «manteniendo un adecuado grado de representatividad» provincial y con el objetivo de «responder a la exigencia de los ciudadanos de conseguir los mismos objetivos con el menor número de medios».
Entre las novedades que aparecerían en la principal norma de la Comunidad y sobre las que el PP espera el apoyo de los socialistas «para facilitar y acelerar su compleja tramitación», también se encuentra la limitación de las Consejerías que pueden integrar el Ejecutivo Autonómico a un numero de nueve como máximo y la reducción del aforamiento de los miembros de las Cortes regionales en consonancia con el debate ya abierto hace unos meses tras la imputación de varios diputados y senadores. Quedaría aún por negociar y definir tanto los casos en los que sí se mantendría -si los hubiera- esta condición y también la duración máxima de mandatos, aunque la cifra de ocho años es la que más se ha repetido sobre este asunto.
Protección social
Más vinculado a lo social, el Estatuto también recogería el establecimiento de un mínimo gasto social para que Castilla y León «siga siendo referencia nacional en la prestación de los servicios públicos fundamentales», así como la red de protección a las personas y familias más vulnerables que ya funciona y que se convertiría en norma de ley. Además, también se «legalizaría» el derecho de los ciudadanos a la participación, al buen gobierno y al acceso a la información ante las administraciones e instituciones de la Comunidad. Por último, se prevé una regulación específica que fortalezca el papel de las corporaciones locales en la Comunidad.
En segundo lugar, la propuesta popular también prevé la modificación del Reglamento de las Cortes para fijar medidas tan concretas como reducir el número de procuradores con dedicación exclusiva pese a que Castilla y León ya se encuentra entre las autonomías con menos «liberados» -un total de 18-. Vinculado a la labor parlamentaria, sí se impulsaría el papel de sus señorías en el debate político con la incorporación de turnos de palabra abiertos a título individual en los grandes debates -Presupuestos, Política General,...-, así como la simplificación de los procedimientos para el ejercicio de las funciones de control de la Junta de Castilla y León por las Cortes y la ampliación del calendario «laboral» a enero y julio.
Para dar mayor voz a los electores, se prevé también modificar la norma para poder crear una Comisión de Peticiones y Participación Ciudadana, así como la constitución de una Oficina del Ciudadano en cada uno de los grupos que integran las Cortes de Castilla y León «sin que ello suponga un incremento de las asignaciones».
Entre las medidas que quieren potenciar la transparencia política frente a los casos de corrupción, en el nuevo Reglamento también se establecería la obligación para todos los procuradores de formular ante notario -al inicio y al final de cada mandato- la declaración de la situación patrimonial, además de que se continuará presentando anualmente la copia de la declaración de la renta y, en el caso de que proceda, también de la de Patrimonio. Lo mismo ocurriría con «todos los altos cargos, incluidos los de las instituciones propias».
Consejo «independiente»
Anticipándose a la entrada en vigor de la Ley de Trasparencia estatal, se prevé publicar a partir del próximo año todas las contrataciones que se realicen por la administración de la Comunidad y por todos los entes públicos autonómicos en el Portal de Gobierno Abierto, que también se adelantará al Estado a la hora de «colgar» los informes de evaluación detallada de políticas y programas relevantes.
Además, ante la polémica surgida sobre el presunto «control» de la mayoría parlamentaria de la labor del Consejo de Cuentas, los populares apuestan por la «independencia de las instituciones propias de la Comunidad» con la propuesta de que el Plan Anual de este órgano «no deba someterse a aprobación de las Cortes».
La PNL lanzada por el Grupo Popular facilitará asimismo el seguimiento de las políticas públicas con la difusión mensual del estado de ejecución presupuestaria. Además, por ley se regulará tanto la participación ciudadana en anteproyectos, proyectos, planes y programas como la garantía de que sus aportaciones «sean tomadas en consideración y contestadas».
En la misma línea, se prevé un mayor uso de las redes sociales para que los ciudadanos puedan dirigir preguntas tanto al presidente de la Junta como a los consejeros, además de aumentar los datos abiertos puestos a disposición de la sociedad.
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