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Fin al «reinado» de Terciado, hundido por las «irregularidades»
Acusado por sus amigos de Cecale de haberles «engañado», el abulense se va perseguido por unas prácticas anómalas
L os jueces aún no se han pronunciado sobre las prácticas de Jesús Terciado y puede que nunca lleguen a hacerlo por uno u otro motivo. El que lo ha hecho esta misma semana y con una claridad y contundencia inesperada fue el actual presidente de Cecale, Santiago Aparicio, que acabó de dar la «puntilla» a su precedesor en el cargo y con el que compartía una buena amistad y plena confianza. «Nos sentimos engañados y desencantados» ante la «infinidad de irregularidades» que se cometieron en la patronal bajo su presidencia. Con esta confesión y con el aviso de que llevará al abulense ante la Justicia si el informe jurídico encargado lo aconseja, marcaba distancias para siempre entre Terciado y la Confederación que dirigió durante seis años con el apoyo de su secretario general, Héctor García Arias, y no tanto con su Junta Directiva . Así también lo recalcó el pasado martes Aparicio, que argumentó una y otra vez «que a nososotros no nos decían nada y como confiabamos en ellos...». Para corroborar esta idea de que Cecale era cosa de dos en aquellos tiempos y que hubo, al menos, unos cuantos errores de bulto, los actuales miembros de Cecale se basan en la auditoría externa entregada por KPMG hace unos meses. En aquel documento aparecen constantemente términos como «gestión ineficiente», «desconocimiento de la Junta Directiva», «elevados sobrecostes», «decisiones innecesarias», «gastos sin identificar»...
Además de que Terciado dejó Cecale con una deuda extraordinaria de 1,7 millones de euros y un déficit en su último ejercicio de 2,5 millones de euros, el último capítulo de esta serie encadenada de anomalías lo adelantaba hace una semana ABC. La reclamación de 234.000 euros por parte de la Escuela Empresarial Platón por unas supuestas «fianzas» que adelantaba cuando prestaba cursos de formación y que la patronal defiende que son cuotas -mucho más elevadas que las normales-. Esta diferencia de criterio y lo inusual del método utilizado animó a un juez de Valladolid a llevar el caso a la Fiscalía para que decida si hay un delito de corrupación entre particulares con el fin de que los cursos fueran para ese centro a cambio de una presunta comisión. Sobre este aspecto, KPMG detectó un total de 712.000 euros en pagos mediante esta fórmula que, según concluye el estudio, «no aparece contemplada en los estatutos y se aleja de las buenas prácticas de gestión empresarial». Ningun otra firma ha reclamado de momento cantidad alguna, mientras que Platón tampoco lo ha hecho de los años anteriores a la llegada de la directiva liderada por Terciado. Sobre este asunto, KPMG advierte también de un posible delito fiscal que podría elevarse a 170.000 euros. Además, han comprobado cómo no se llevaba a cabo «ningún tipo de procedimiento en la selección de los proveedores» -desde antes de la época del abulense-. que hubiera supuesto «un abaratamiento de costes y una trasparencia en el proceso de selección». Vinculado a este asunto, también aparece el relativo a los contratos vinculados a la difusión de acuerdos mediante los observatorios. Como también explicó este periódico, Cecale llegó a emitir dos facturas por valor de 31.116 euros por servicios que, según las conclusiones de KPMG, fueron realizados en parte por empleados de la «casa», además de que habría otras facturas en las que Cecale habría pagado 7.300 euros más de lo que costaba el trabajo.
Pero posiblemente la fastuosa sede de Cecale ha sido el asunto que más quebraderos de cabeza ha dado a la Confederación. Una operación cuyo coste se elevó no se sabe muy bien por qué en más de un millón de euros hasta alcanzar un importe que el 5,1 millones según la auditoría , que afirma que la Junta Directiva no dispuso de «información suficiente» para evaluar la «viabilidad de la compra» y que Terciado se limitó a señalar que el proyecto estaba «dentro de las posibilidades financieras que pudiera acometer» Cecale. Sin embargo, KPMG sostiene que se realizó un «análisis excesivamente simple» sin las «bases de cálculo y parámetros mínimos de referencia». A modo de ejemplo, no se presentó, siempre según el estudio, ni el calendario de pago de la deuda, ni la estructura de financiación de la sociedad ni las proyecciones financieras.
Pólizas y muebles
Unida a adquisición, tras firmar el crédito hipotecario con Banco Popular para hacer frente a la sede, tanto Terciado como García Arias contrataron diferentes pólizas de crédito. Si la primera de ellas fue autorizada por la Junta Directiva, la auditora no ha podido confirmar este extremo en el resto de los casos. Más allá del aspecto formal, el informe también apunta que entre abril y julio de 2011 y en diciembre de ese mismo año «no existe motivo alguno por el que la póliza de crédito se encuentre totalmente dispuesta» porque las cuentas bancarias tenían «fondos suficientes para afrontar los pagos». En opinión de KPMG, este hecho representa «ineficiencias en la gestión de la tesorería» que supusieron «un gasto financiero por intereses innecesarios».
Para amueblar el nuevo edificio, el innorme constató una diferencia de coste de más de 90.000 euros respecto a lo previsto inicialmente en un proceso en el que, según la investigación, la selección de los proveedores fue llevada también personalmente por Terciado y García Arias y sobre la que «no se ha identificado ningún acta en el que se compartiera con la Junta Directiva dicho trabajo». Así, entre los numerosos elementos de mobiliario con «un posible coste elevado» se citan un cortinón de seda en el despacho de Terciado (5.876 euros) y una mesa de cristal en esa ubicación (4.077 euros).
Sobre el gasto en tarjetas de la patronal, KPMG también apunta a Terciado al señalar que el mayor gasto con la VISA se realizó en los años 2009, 2009 y 2010 con él en el poder. La auditoría también precisa que los representantes de Cecale le comunicaron desconocer los motivos por los cuales los pagos fueran «tan elevados» durante ese periodo. Tras consultar los extractos, el informe señala que hubo gastos de cuantía significativa en restaurantes y hoteles y que los gastos en fines de semana se incrementaron. En esos tres años realizó compras por un montante global cercano a los 40.000 euros. Entre los cargos que el experto independiente cita destaca uno de 700 euros en 2008 que hace referencia al «Sanatorio Virgen del, Madrid» del que no ha podido identificar su naturaleza. También señala los 331 y 347 euros gastados en sendos domingos de 2009 en el hotel San Marcos y en el Parador de la Granja, mientras que de 2010 apuntan los 357 euros de una comida. En el mismo sentido, se habla de las dietas aprobada a propuesta de Terciado pocos días después de su llegada a la Presidencia. El estudio se limita a contabilizar los «ingresos» del abulense por ese concepto destacando los casi 11.000 euros que cobró en 2007, luego rebajados a una media de 2.000 euros anuales hasta su dimisión.
Entre las curiosidades del informe aparece la venta de un automóvil por 800 euros cuando su valor neto contable ascendía a 20.261 euros, por lo que la auditora concluye «pérdidas procedente de inmovilizado material» de 19.460 euros. En el contrato de venta de este vehículo, adquirido por Auto Castilla y León S. L., se hacía referencia a que se trata de un coche usado «con motor averiado», pero los representante de Cecale, según el trabajo de la auditoria, «no cuentan con ningún documento acreditativo» de los daños del turismo pero sí ha podido comprobar que el Renault Vel Satis se encuentra «operativo, siendo su propietario un tercero ajeno a Cecale».
Sin información
En el área más sensible, el de personal, la auditoría vuelve a evidenciar que la Junta Directiva «no tuvo acceso a ningún tipo de documentación» sobre el ERE que afectó a 18 empleados de Cecale y que, según el informe, fue decidido por Benjamín Hernantes, sustituto de Héctor García Arias en la secretaría general. Los despidos fueron finalmente improcedentes y supusieron un sobrecoste final de 343.695 euros, según KPMG. Respecto al caso de los trabajadores del departamento jurídico -Carlos Parra y Sofía Andrés- la Junta Directiva tampoco conoció, según pone de manifiesto la auditoría, los motivos para que se produjera nlos despidos disciplinarios días después de que los responsables de Confaes entraran en la sede de Cecale para recabar información financiera de la patronal. También se señala que el despido definitivo de ambos fue «una decisión tomada» por Terciado y por Hernantes cuando lo lógico -para KPMGH hubiera sido una sanción inferior.
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