El juez acusa al interventor de León de colaborar con Marcos Martínez para amañar contratos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dejó ayer en libertad bajo fianza de 30.000 euros al interventor de la Diputación de León, Manuel Jesús López Sánchez, más conocido como «Suso», imputado en la operación Púnica por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude , según informaron fuentes jurídicas. El magistrado acusa a Sánchez, que tendrá 10 días para depositar ante el Juzgado la caución impuesta, de delitos de negociaciones prohibidas y fraude y apunta que el interventor tenía «intereses particulares» en la estación de esquí de San Isidro, donde uno de los principales cabecillas de la trama, el empresario valenciano Alejandro de Pedro Llorca, negociaba presuntos contratos irregulares con el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, en prisión incondicional desde el 30 de octubre tras ser detenido en la operación Púnica.

El imputado disponía de 13 apartamentos en la estación y a pesar de que tenía el deber de abstenerse, Sánchez «hizo gestiones y facilitó información económica», según el juez, sobre las pistas a solicitud del expresidente de la Diputación Marcos Martínez.

Hay que recordar, por otro lado, que en auto de prisión dictado para Marcos Martínez, el juez acusaba al entonces presidente de la Diputación de León (que dimitió días después de entrar en la cárcel) de haber puesto en marcha procedimientos de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a uno de los presuntos «conseguidores» de contratos públicos de la red Púnica, Alejandro de Pedro. Todo ello a cambio de que De Pedro «hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León». Martínez, según el juez, tendría además «participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude».

Aunque López Sánchez fue interrogado ayer por el juez estaba «avisado» de que tendría que ir a declarar como imputado desde el mismo día en el que se produjeron las 51 detenciones -el pasado 27 de octubre-. Encargado de supervisar los contratos de la Diputación de León, finalmente los cargos con los que regresa a León tienen que ver con los expedientes que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se llevó del Palacio de los Guzmanes y que versaban sobre la próxima adjudicación de dos cafeterías en la estación de esquí de San Isidro.

«Suso» seguía hasta ahora en su puesto de trabajo, aunque ya no ejercía como interventor -en realidad su cargo era de viceinterventor- y era su segundo el que hacía la labor. Muy vinculado al mundo del balonmano -fue jugador, directivo y presidente ocasiones en el Ademar- «Suso» fue protagonista en 2010 de una demanda judicial entre dos empresas por el impago de unos servicios prestados precisamente en la estación de esquí y en la que s desveló que era beneficiario de fondos para el esquí escolar que pagaba la propia institución, informa Efe.

La decisión del juez llega también un día después de que el presidente en funciones de la Diputación, Lupicinio Rodrigo, informara a los portavoces de que se había acreditado documentalmente la condición de testigo del interventor de la Diputación de León en las diligencias previas de la Audiencia Nacional. Como consecuencia de esta condición -que consideraban menor que la de imputado- se llegó a «revocar el acuerdo que solicitaba a la Junta la incoación de expediente disciplinario y, en su caso, la adopción de medidas cautelares». Anoche, el propio Rodrigo confirmó que se retomará hoy mismo el proceso iniciado e interrumpido posteriormente, al tiempo que reconoció «el impacto total» por la imputación y señaló que «ahora sólo pedimos que actúe la Justicia y que se aclare todo».