Cecale se siente «engañada» por Terciado y cree que «lo positivo» es que se haya ido

Conscientes, quizás demasiado tarde, de «la infinidad de irregularidades» cometidas por Jesús Terciado en su etapa como presidente de la patronal, Cecale reconoció finalmente ayer su sensación de haber sido «engañada» por el empresario abulense hasta el punto de afirmar que su dimisión como máximo responsable tanto de la Confederación regional como de Cepyme y la del lunes en Confae es «lo más positivo» para todas las organizaciones empresariales. Más contundente que nunca y dejando atrás la amistad que les unía, el presidente de los empresarios de Castilla y León, Santiago Aparicio, no se cansó ayer de disparar una y otra vez contra Terciado. «Tener sospechas de alguien de esas características es muy complicado y da muy mala imagen», aseguró.

Tras celebrar la Asamblea General anual en la que se aprobaron por unanimidad unas cuentas que vuelven a ser positivas tras años de déficit, el soriano no esperó a ser preguntado para reconocer que una jornada que debería ser «dulce» como la de ayer se ha tornado en «negativa» por «los últimos acontecimientos». En concreto, mostró su «enorme preocupación» ante la información desvelada el lunes por ABC en la que se detallaba la decisión de un juez de Valladolid de llevar a la Fiscalía unas presuntas comisiones entre una empresa de formación y la anterior dirección de la patronal para garantizarse presuntamente la adjudicación de servicios. «Estamos a la espera de lo que pueda pasar y de que la Fiscalía nos diga algo y como ya trasladamos el lunes -tras una reunión de urgencia de la Junta Directiva- estamos dispuestos a colaborar con la Justicia en lo que nos solicite». Eso sí, tanto él como el resto de los miembros actuales de Cecale «no teníamos ni idea de que eso existía como tal». Así lo dijo hasta en cuatro ocasiones antes de volver a atacar tanto a Terciado como a su secretario general, Héctor García Arias: «Nos contaban lo que decidían y como había cierta confianza en esas personas...». Además, en su afán por evitar cualquier implicación tanto de él como de los integrantes de la directiva anterior respecto a este caso, recalcó que en la vista celebrada el pasado miércoles «se dijo que eran acuerdos verbales con el secretario general» por lo que «es imposible que pudiéramos conocerlo porque esas cosas, al igual que otras muchas, no se comentaban». En la misma línea, insistió en que «todos los que hemos estado en una Junta Directiva de Cecale, o al menos la mayoría, no tenemos ninguna cosa que ocultar ni temer».

Aparicio tampoco tuvo reparos en denunciar una y otra vez «los cientos de irregularidades» detectados en la auditoria de gestión elaborada por KPMG y que ha derivado en la petición de un informe jurídico para conocer si Terciado cometió algún tipo de delito. El plan para la construcción de la sede de Cecale y la adjudicación de esos mobiliarios fueron citados expresamente por el soriano entre «la infinidad» de actos que no se hicieron bien en la etapa precedente. Ante estos hechos, el actual presidente reconoció haber hablado hasta en dos ocasiones con el abulense, «que nos decía que no había cometido ninguna ilegalidad y que estaba muy tranquilo». Aunque desde Cecale admiten que «no somos quien para juzgarle», sí prometió llevar ante la Justicia -con el asesoramiento legal pertinente- cualquier «ilícito penal» que revele el estudio que está próximo a conocerse.

Y es que «a parte de la opacidad y de todo lo que se obviaba a la Junta Directiva por parte del presidente y del secretario general», hay «temas que se nos escapan y que aún no sabemos si estarían tipificados como delitos». Así, desveló que por un lado desde KPMG se asegura que podrían «trascender» algún tipo de «fraude», aunque su trabajo técnico «no podía aportar conclusiones». En todo caso, Aparicio concluyó que la época de Terciado «fue un periodo opaco de la organización».

Por su parte, el secretario actual de Cecale, David Esteban, se «estrenó» en el cargo -estará de forma provisional tras la dimisión inesperada de Pedro Salafranca- detallando que el gasto ejecutado ha pasado de 4.896.285 euros en 2012 a 1.944.459 euros en 2013, mientras que los ingresos han pasado de 3,48 millones en 2012 a 1,88 millones en 2013 para ofrecer un balance final que ha pasado de las pérdidas por valor de 1.316.032,29 euros en 2012 a contabilizar unos beneficios de 34.393,33 euros al cierre de 2013, informa Ical. Según explicó, los gastos de personal se han reducido sustancialmente, mientras que la mayor caída se ha producido en los costes directos de subvenciones, que han pasado de 1,25 millones en 2012 a 76.403 euros en el ejercicio siguiente tras la decisión de «no ejecutar las subvenciones de formación».