Los altos cargos publicarán en abril antes de irse su renta y patrimonio

Los altos cargos de la Junta de Castilla y León ya saben que tendrán deberes antes de marcharse al cerrar esta legislatura que acabará con las elecciones autonómicas de mayo de 2015. En abril, deberán presentar la declaración de la Renta y patrimonio «de salida», antes de abandonar el puesto. Así se lo exigirá la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Gobierno y está previsto que las Cortes den el visto bueno en febrero. Anualmente deberán presentar copia de sus declaraciones de IRPF y patrimonio y tanto al entrar -ya lo hacen- como al dejar el cargo, presentar una declaración notarial de los bienes. En el caso del presidente de la Junta y los consejeros se publicarán en el Bocyl.

Así lo exige la Ley de Transparencia, que va «más lejos» de lo mandatado por la normativa nacional y «amplía» las exigencias en la búsqueda de ese «círculo virtuoso» de mayor transparencia a través de dar más información para favorecer la participación y con ella la cooperación ciudadana, para que «participe y sea cómplice» destacó el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. Eso sí, dejó claro que ha de entenderse la transparencia «no sólo» como el «mejor antídoto» contra la corrupción.

El texto, que eleva a derecho ciudadano la participación, «amplía» las exigencias de publicidad activa que los organismos y entidades del sector público autonómico deben difundir, así como las entidades sin ánimo de lucro con subvenciones de la administración. Así, deberán dar a conocer las relaciones de puestos de trabajo y plantillas; los de personal eventual y contratos de alta dirección; las convocatorias de procesos de selección de personal; los convenios colectivos y acuerdos, pactos o plantes, y los textos de resoluciones judiciales que afecten a normas autonómicas. Además, también estarán obligados a publicar el gasto público en campañas de publicidad institucional, el volumen de endeudamiento, la finalidad de los bienes inmuebles de su propiedad y el número de vehículos oficiales y su uso.

Para velar por el correcto cumplimiento de estas obligaciones y salvaguarda del derecho de acceso se crea el Comisionado y la Comisión de Transparencia, adscrita el primero. Será el Procurador del Común, ya que tienen menos funciones que en un principio, el que encarne este cometido, «sin poder generar costes o estructuras adicionales». La norma obliga a la Administración General y a sus organismo autonómicos a someter la participación al menos durante diez días y sin que suponga alargar la tramitación cada anteproyecto de ley o de decreto, estrategia, plan o programa.

Esa participación en forma de «aportaciones, críticas o reflexiones» se hará a través de Gobierno Abierto, operativa desde marzo de 2012, y recibirán respuesta individual y fundamentada. Precisamente, el también portavoz recordó que esa plataforma fue el primer fruto de esa apuesta por la transparencia en la que «llevamos trabajando desde hace tiempo». «No es una ocurrencia de última hora que se nos haya ocurrido antes de ayer», subrayó.