Inseguridad jurídica y arbitrariedad (y 2)

Se argumentaba en la primera parte de este artículo que la inseguridad jurídica en un país aprobada por sus políticos con apariencia de democracia, conduce inevitablemente a la pérdida de confianza de sus naturales y del resto de los habitantes en un mundo en libertad. Las inversiones propias y foráneas se retraen , pues nadie quiere ser víctima de un robo por mucho que se le adorne de presunta democracia. Los que más suelen pagar los platos rotos son la población normal y corriente, trabajadores y empresarios serios, que se ven empobrecer mientras sus dirigentes prosperan económicamente.

Aunque siempre hay gentes que se autoengañan, o creen en vanas promesas de los políticos corruptos, como sucede en las dictaduras caribeñas, por poner un ejemplo que hable español y canario. Por esos sus lamentos son poco creíbles y defendibles, cuando les toca sufrir en sus bolsillos la arbitrariedad que trae consigo la falta de claridad y rigor para aplicar la normativa por aquellos políticos con los que creían compartir intereses, a cambio de una comisión.

Otra fuente de inseguridad jurídica es la proliferación de normas de todo rango, con frecuencia incongruentes entre sí, a la que se tiene que enfrentar un ciudadano para tomar una iniciativa, por ejemplo empresarial que genere riqueza o empleo. Estará siempre con el corazón encogido por si en algún momento aparece algún inspector de algún organismo público , quizás olvidado por los asesores, con la papela liberticida debajo del brazo y el bloc de multas preparado.

Prever todos los casos es materialmente imposible para una ley general, como deben ser todas las leyes no redactadas contra algo o contra alguien, cosa más frecuente de lo deseable . También sería razonable que cuando aparezcan casos no contemplados o ambiguos, se estudien y corrijan sin necesidad de esperar años y años a que la justicia ponga el huevo.

En lugar de crear tantas leyes nuevas, los legisladores servirían mucho más a la sociedad si dedicaran ese tiempo a preparar textos refundidos para no obligar a los interesados a bucear, navegar se dice ahora en el mundo cibernético, en páginas y más páginas del boletines, siempre con la inseguridad de no saber si hay algún cabo suelto por algún sitio.

Un ejemplo cercano de arbitrariedad puede leerse en estos días, tal vez mejor decir décadas, con la cuestión de la Biblioteca Pública . Escandaliza, o debiera escandalizar, oír decir al alcalde que sería una barbaridad derribar ese edificio para volver a levantarlo en el mismo sitio y con los mismos volúmenes, porque ahora la normativa ya lo permite. Se apela una vez más a los sentimientos demagógicos, no porque no sea útil y necesaria una instalación cultural, sino porque previamente se han vulnerado legítimos derechos de terceros, tal como han dictaminado por fin los tribunales. El vicio está en el origen, la desgracia en el resultado.

Eso dejando al margen, por ahora, que los errores de unos los pagan otros. Todo un ejemplo de inseguridad jurídica, que se pretende corregir con “diálogo”, haciendo sentir a los afectados que quien lo ofrece con una sonrisa, es en realidad una hiena . Aún no he leído, y ruego disculpas y aclaración si estoy errado, que se haya imputado, investigado o procesado -táchese lo que no proceda- a quien se saltó la ley en origen, si es que hubo la advertencia jurídica preceptiva cuando se tomó el acuerdo municipal para otorgar la licencia de construcción y también la advertencia del Colegio Profesional, encargado subsidiariamente de velar por que se cumplan las normas, eso dicen que justifica cobrar por el visado, al presentar el Ministerio el proyecto arquitectónico y aceptar los certificados de obras.