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Biblioteca Pública: una responsabilidad compartida
A los trovadores de esta etapa no parece importarles mucho el no contarnos la historia al completo
A los que tenemos cierta edad nos han salido canas y algunas arrugas mientras vivíamos y en ocasiones sufríamos, eso que los analistas suelen llamar ciclos políticos. Al margen del monociclo nacionalista al que Coalición Canaria nos ha sometido durante casi un cuarto de siglo (al final de esta legislatura se habrá cumplido), en Las Palmas de Gran Canaria ocurría, entre otras cosas, que se construyó la Biblioteca Pública del Estado.
Para situarnos en aquel momento de la historia de nuestra ciudad deberemos estar dispuestos a darnos un paseo por la etapa de finales de los ochenta y principio de los noventa. En aquellos años nuestra capital se esforzaba para dar sus primeros pasos hacia su transformación en una ciudad moderna. Cosa que parece que han preferido "olvidar" algunos de los interesados trovadores actuales al utilizar las letras de sus sesgadas letanías descontextualizando sus particulares versiones de la historia de la Biblioteca.
También de manera cíclica, estos voceros se esfuerzan en cargar las tintas de sus agudas afirmaciones sobre la gestión del entonces alcalde de la capital grancanaria y hoy Ministro de Industria, Energía y Turismo, el señor José Manuel Soria el cual, si bien es verdad que por su cargo era el responsable último de lo que ocurría en la ciudad, no menos cierto es que, en aquel complejo contexto de crecimiento capitalino, en el que no se podía ni se debía desaprovechar ningún recurso presupuestario, la decisión de continuar el procedimiento administrativo relacionado con la Biblioteca, no se tomó en solitario.
Muy al contrario, y como corresponde a las decisiones de tal importancia tomadas por un consistorio serio, este proyecto fue sometido al juicio y posterior aprobación de la Comisión Municipal de Urbanismo, que dicho sea de paso, refiriéndonos siempre a aquel momento sociocultural, aprobó responsablemente por mayoría absoluta de todos los partidos que entonces representaban las voces de los ciudadanos, el otorgamiento de la correspondiente Licencia Municipal de construcción.
Ya que estamos paseando por aquellos recuerdos, acerquémonos un poco más. Miremos con un poco más de detalle lo que incomprensiblemente otros medios no han querido contarnos. El 14 de abril de 1991, siendo el alcalde capitalino el señor Emilio Mayoral (PSOE), se donó aquel solar al Estado en virtud de un expediente que a tal efecto inició en 1989 el anterior responsable municipal don José Vicente León (CDS).
El 15 de septiembre de 1997 se constituyó la mencionada Comisión Municipal de Urbanismo que como tal Órgano estaba compuesta por todos los representantes políticos de aquel consistorio. En el acta constitutiva se puede leer el acuerdo al que llegan todos los presentes. Literalmente dice: "Acuerdo: Dictamen Favorable, debiendo adaptarse tanto la edificación como el tratamiento de zonas libres a las determinaciones urbanísticas del Plan Especial que actualmente se tramita para ordenar pormenorizadamente la parcela"...
En ese acta, como no podía ser de otra forma, figuran los nombres de las personas que compusieron aquella Comisión y, puesto que es un documento público y nos movemos en tiempos de transparencia, compartiré con ustedes el texto que encabeza el acta: "A las 10.30 horas del día 15 de septiembre de 1997, se reúne la Comisión Municipal de Urbanismo presidida por don Jorge Rodríguez Pérez (PP) y con asistencia de los concejales don Fernando Navarro Valdivieso (PSOE), don Sebastián Franquis Viera (PSOE), doña Carmen Guerra Guerra (PP), don Fernando Morales Prieto (PP), don Jaime Naves Roig (CC), doña Mercedes Acosta Montesdeoca, don José Ferrero Lozano (PGC), doña Rosario Chesa Padrón (PGC), don Julio Aldaz Arce (PP), doña María Puy Barrios(IU). don Diego León Socorro (CC), doña Pino Esther Rivero Navarro (PP), y don Ángel Luis Sánchez Bolaños (PSOE). Seguidamente, para considerar la Comisión como constituida, quedaron también relacionados los funcionarios que prestaron su asesoramiento técnico, cuyos nombres, si fueran del interés de alguno de ustedes, están disponibles en el acta original custodiada en los archivos municipales.
El 25 de septiembre de aquel año 1997 la Comisión de Gobierno otorga la Licencia de construcción de la Biblioteca que quedó rubricada por el entonces concejal delegado de Urbanismo. De manera más resumida, en el año 2001 se aprobó el Plan General del 2000 y en junio de 2002 finalmente se inauguró la Biblioteca Pública del Estado. En cuanto a los vecinos que se consideraron afectados, fue en 1998 cuando quedó registrada su queja y posterior denuncia que, por otra parte, no obtuvo respuesta judicial hasta octubre de 2002 cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió una sentencia de nulidad para la polémica Licencia Municipal.
Como ven, la historia de Las Palmas de Gran Canaria también tiene sus ciclos. Eso no cambiará nunca. Los que si cambian, por un lado son las opiniones de algunos de los partidos implicados en aquella responsable decisión que hoy, tal vez movidos por otros intereses, evitan dar un paso al frente para defender aquella decisión, como digo responsable en aquel contexto.
Y por otro, los trovadores de esta etapa a los que tampoco parece importarles mucho el no contarnos la historia al completo. Esta situación no deja de ser otra muestra más del "dime de qué presumes y te diré de qué careces" por parte de los unos y los otros a los que, repartir las responsabilidades no les debía encajar muy bien en su estrategia de culpar de todo y en exclusiva a los populares y a su presidente autonómico. Pero... mientras las urnas no digan otra cosa, estos son los mimbres con los que tenemos que tejer nuestro futuro.
