En Canarias no decide la mayoría

SOY uno de los numerosos ciudadanos de las Islas que han firmado ese manifiesto de «El voto de los canarios no cuenta igual», favorable a la modificación de la ley electoral canaria y que está promovido por el foro cívico Demócratas para el Cambio . Se trata de una iniciativa dirigida a modificar un sistema electoral que está obsoleto y es absolutamente injusto con el reparto de escaños. Porque se trata de una ley que no contabiliza igual el voto de los que habitan en islas poco pobladas que el de aquellos que viven en las más habitadas. Por cuestiones de índole particular no pude asistir a la multitudinaria manifestación (aunque desde algunos sectores mediáticos intentaran minimizarla) que hace unos días se desarrolló en Tenerife como protesta por esa peculiar representación vigente en la Cámara regional, como consecuencia de la aplicación de esa ley electoral trasnochada. Protesta, por cierto, que no fue secundada por Coalición Canaria (CC) ni por el PSOE, que, curiosamente, fueron las fuerzas políticas que mejores beneficios obtuvieron con la aplicación de esa normativa.

No deja de sorprender también el hecho de que el sistema electoral canario sea el que más efectos perversos produce en todo el mundo, puesto que de los sesenta y cinco sistemas electorales, nuestra comunidad autónoma ocupa el sesenta y cuatro. O sea, el segundo peor en calidad democrática. Solo empeorado por Tanzania. Y con respecto a los vigentes en España, el nuestro es el menos proporcional, el más restrictivo y el de mayor desigualdad de todos a la hora de valorar el voto. Y con estas reglas, es lógico que se produzcan resultados tan sorprendentes como los de las últimas elecciones. Por ejemplo, el partido de Casimiro Curbelo obtuvo 5.000 votos en la isla de La Gomera. Votos que se tradujeron en tres diputados al Parlamento. Mientras Ciudadanos, que presentó listas en todas las islas, obtuvo algo más de 50.000 votos y se quedó sin representación en la Cámara. No es justo. Pero la distorsión que produce esta ley, en cuanto a la representatividad de las minorías y mayorías se refiere, produjo también que 147.000 votos provenientes de las dos islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria, no se hayan tenido en cuenta por culpa de las barreras electorales. Lo que viene a significar que un 16% de los votos fueron «desechados, tirados a la basura» ( sic ). Y no puede ser. Porque es un fraude que de los 2,2 millones de habitantes que tiene el Archipiélago, 1,8 millones que residen en Gran Canaria y Tenerife elijan el mismo número de diputados que los 400.000 que habitan en La Palma, El Hierro, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. Y es que, como dicen desde Demócratas por el Cambio, en Canarias no decide la mayoría y, por tanto, se violenta el sistema democrático ( sic ). Por tanto, ánimo a Demócratas por el Cambio, a utilizar la herramienta democrática de la Iniciativa Legislativa Popular para exigir esa reforma en el Parlamento regional.