Pobre loro

Reducir el Parlamento de Canarias en diez escaños con el fin de que resulte menos gravoso para el erario público es como pedir el café con sacarina después de haber dado cuenta de un chuletón de buey, una botella de vino y dos porciones de tarta de chocolate. Se trata de una medida cuyo beneficio, al igual que la sacarosa tras una comida opípara, se queda en un mero intento de sosegar nuestra conciencia. Después de todo, no son lo mismo 5.500 calorías que 5.400.

Por ello, la propuesta realizada por la candidata del PP a la presidencia del Gobierno de Canarias, María Australia Navarro, carece de un valor más allá del anecdótico al no formar parte de un plan serio, con nombres y apellidos, que disminuya de verdad el descomunal montante de gastos inútiles de las administraciones públicas. Dicho montante tiene su punto de partida en el excesivo número de instituciones, lo que conlleva la necesidad de ocupar un sinfín de puestos para los que se carece de aspirantes con la capacidad intelectual y académica suficiente, y se materializa en la ausencia de economías de escala y el pago de ingentes cantidades a cargos representativos y no representativos.

Y aunque las comparaciones en ocasiones son odiosas, en este caso resultan, más que necesarias, imprescindibles, porque incluso en la reestructuración de un sistema público que se ha revelado como una fuente de problemas, el primero de ellos la corrupción, el PP, y al igual que el PP el PSOE y CC, se muestran incapaces de ofrecer planteamientos que vayan más allá del chocolate del loro.

Ciudadanos ha sido hasta ahora la única formación que se ha atrevido a plantear una reforma de la administración en profundidad, con seguridad de menor calado de lo que sería conveniente, pero que al menos establece una contundente reducción del número de corporaciones locales, incluidos ayuntamientos y diputaciones. Probablemente la diferencia estribe en que este nuevo partido no se ha convertido aún –tal vez nunca lo haga– en una oficina de colocación de afiliados y adláteres, el principal obstáculo para que las fuerzas asentadas den el paso necesario.

Y es que un proyecto político que reduzca el número de instituciones autonómicas y corporaciones locales es, además de inaplazable si nos atenemos al sentido común, la única vía para que la gestión de la cosa pública retome la senda de la eficiencia, la transparencia y la honestidad. Todo lo demás acaso no sean sino nuevas evidencias de que con los de siempre, con los que llevan toda la vida en el mismo sitio, nos dirigimos hacia ninguna parte.