Primer revés para el Ejecutivo canario en su intento de lograr la gestión aeroportuaria

El Tribunal Supremo (TS) propinó este martes al Ejecutivo canario el primer varapalo en su estrategia judicial para intentar conseguir que los aeropuertos de la comunidad autónoma queden al margen del proceso de privatización (parcial) de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) . La sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, por medio de un auto fechado el día 8 y difundido este martes, no solo niega las medidas cautelares que solicitó el Ejecutivo que preside Paulino Rivero, sino que también cuestiona, cuando menos indirectamente, su «legítima estrategia procesal». Hay que recordar que subyace en este asunto el afán del Gobierno de las Islas, y fundamentalmente de los nacionalistas de Coalición Canaria (CC), por lograr la gestión aeroportuaria.

Fue el 11 de julio del año pasado cuando el Consejo de Ministros acordó autorizar la venta del capital social de AENA. El ejecutivo de CC y Partido Socialista Canario impugnó el acuerdo , impugnación de la que el gabinete de Mariano Rajoy hizo caso omiso. La desestimación de su alegato (por silencio administrativo) llevó a la Administración autonómica a presentar un recurso, recurso contencioso-administrativo que más tarde se haría extensivo al acuerdo, también del Consejo de Ministros, del 23 de enero. Ese día, el cuerpo estatal dio su visto bueno a la enajenación de acciones de AENA mediante una oferta pública de venta. Fue en ese escrito de ampliación en el que el Gobierno del Archipiélago solicitó las medidas cautelares: excluir a los aeropuertos de la región de la venta e incluir en el folleto informativo de la operación la noticia sobre el recurso, de modo que el potencial comprador supiera que en el proceso de enajenación de acciones subyace un contencioso entre administraciones. El Alto Tribunal no acepta ni lo uno ni lo otro.

La sala explica en el auto que, efectivamente, las medidas cautelares resultaron imposibles de ejecutar, con independencia de la decisión que se hubiera adoptado al respecto de no ser así, desde el momento, en febrero, en que se llevó a cabo la oferta pública de venta del 49% de las acciones. A renglón seguido, el TS pone de relieve que la imposible ejecución de las medidas cautelares «ha sido consecuencia inevitable de la legítima estrategia procesal» del ejecutivo de Rivero. No en vano, el Supremo le recuerda a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias que pudieron haber impugnado «directamente» el segundo acuerdo del Consejo de Ministros, el del 23 de enero, e invocar el artículo 135 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para solicitar medidas «cautelarísimas», «habida cuenta de la premura con que se iba a producir la oferta pública de venta», agrega el TS. Ese artículo faculta a los tribunales para adoptar medidas cautelares, en casos de excepción, en un plazo mínimo y sin la obligación de escuchar a la parte contraria.

El candidato de CC a la Presidencia del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, dijo tras conocerse la decisión del TS que recurrir a la justicia «nunca ayuda» a resolver los problemas entre administraciones, informó Europa Press. El Gobierno canario considera que la privatización parcial de AENA vulnera el estatuto de autonomía.