Una sentencia del TSJ de Madrid anula la autorización de la regasificadora de Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha paralizado la construcción de la regasificadora de Granadilla (Tenerife) al anular la declaración de impacto medioambiental y la autorización administrativa.

En una sentencia hecha pública este martes por la Plataforma ciudadana contra el puerto de Granadilla y que recoge EP, el tribunal incide en la ausencia de un estudio de impacto ambiental de la afección que generarían todas las instalaciones ubicadas en el polígono industrial, como la central térmica, la planta de gas o los almacenes.

Este fallo, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la plataforma pero no es firme, admite recurso que se presentaría ante el Tribunal Supremo (TS), pero para la plataforma, a expensas de que se pueda solicitar suspensión cautelar, el proyecto queda atascado durante un año como mínimo y deberá empezar «prácticamente de cero» si el TS lo ratifica.

El abogado encargado del caso, Isidro López, ha señalado que la sentencia coloca el caso en una situación procesal «distinta» ya que ahora, la otra parte —Enagás tras la compra de acciones de Gascan— tiene que «demostrar que tiene la razón».

Fuentes de la empresa energética, sin embargo, apuntan que será la Abogacía General del Estado la que habrá de asumir la defensa, dado que se trata de una autorización concedida por el Ministerio de Industria.

El argumento del juzgado, sostiene López, es que la afección al medio ambiente funciona como un «efecto dominó» ya que «la suma» de todos los impactos de las distintas instalaciones de la zona «es bastante superior» a la de una sola instalación, en este caso la planta de gas, por lo que solicita un estudio «acumulativo».

La plataforma ha minimizado, por otro lado, la posible creación de 1.500 puestos de trabajo anunciada por Enagás, ya que en una regasificadora «está todo automatizado», y frente a ello, ha señalado que las renovables aportan generación de empleo «cualificado», permitirán a las islas acceder a la «soberanía energética» y reducir la dependencia del petróleo, y abaratar la factura eléctrica.