economía
Piden 25,2 millones al Gobierno de Canarias por impedir comercios de «descuento duro»
Una empresa reclama a la Administración autonómica que le repare el daño por denegarle diez licencias
El Consejo Consultivo de Canarias ha emitido un dictamen sobre la petición de indemnización de 25,2 millones solicitada por una empresa que en 2006 trató de lograr sin éxito varias licencias para instalar en Canarias diez establecimientos de los llamados de «descuento duro».
Concluye que, a la vista de las «deficiencias formales» detectadas en la tramitación de la reclamación patrimonial, que le impiden entrar en el fondo del asunto, considera preciso que se retrotraigan las actuaciones al momento en que el servicio correspondiente de la Dirección General de Consumo debió emitir un informe preceptivo y reiniciar el procedimiento a partir de ese punto.
La firma reclamante, que no cita, sostiene que «la denegación indebida» de las licencias comerciales le ocasionó «un perjuicio económico que asciende a 25.258.319,96 euros». Un montante económico que engloba tanto el daño emergente, como el lucro cesante, incluyendo conceptos tales como los costes adicionales a la operativa habitual de la compañía, penalizaciones, coste de oportunidad del capital en la adquisición de los terrenos, aumento de los costes de personal y del alquiler de oficinas, entre otros muchos.
La empresa afectada inició el procedimiento de reclamación patrimonial el 12 de noviembre de 2013. Antes, el 14 de septiembre, interpuso una primera reclamación, que resultó inadmitida en junio de 2011 a través de una orden de la Consejería que hoy encabeza Francisca Luengo.
Señala el Consultivo que el principal argumento esgrimido por la Administración para rechazarla fue que las sentencias que hasta la fecha daban la razón a las pretensiones de la empresa no eran firmes y, hasta tanto, no podían admitir dicha reclamación, «momento en el que se iniciaría el cómputo del plazo» para presentarla, sostuvo en su momento el departamento regional.
Después de un largo proceso administrativo y judicial, la promotora defiende que tiene derecho a ser reparada del «perjuicio económico». El Consultivo recuerda que fue «obligada» a modificar la naturaleza de los establecimientos a instalar en las Islas, para lo que solicitó y obtuvo los permisos para abrir diez supermercados, en vez de los inicialmente previstos de «descuento duro», algo que hizo entre el 10 de marzo de 2009 y el 1 de febrero de 2011.
El representante de la interesada relata que en un principio contaba con instalar diez establecimientos de «descuento duro», recogidos entonces en la Ley 10/2003, de 3 de abril.
Informe privado
Así, entre el 25 de mayo de 2004 y el día 10 de octubre de 2005 solicitó los permisos específicos. Sin embargo, diez órdenes departamentales, emitidas entre el 11 de noviembre de 2005 y el 10 de octubre de 2007, desestimaron tales licencias en base a dos razones. De un lado, «el incumplimiento» por parte de la solicitante de «los niveles de saturación» en el ámbito territorial en el que pretendía instalarse y, de otro, que el desembarco en las Islas de «tal tipo de establecimiento supondría la destrucción de empleo», una suposición extraída de un «informe encargado a la empresa privada ZK SL».
El encargo, precisa el dictamen, se hizo ante «la insuficiencia de medios materiales y personales con los que contaba la extinta Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías» del Ejecutivo, que «impedían emitir un informe adecuado» a estos efectos.
Las desestimaciones originaron sendos recursos de reposición, también rechazados, lo que dio lugar a que la empresa interpusiera recursos contencioso-administrativos ante el TSJC. Con posterioridad, el tribunal canario dictó diversas sentencias, entre el 19 de diciembre de 2008 y el día 15 de mayo de 2009, favorables a la recurrente. La Consejería recurrió en casación las sentencias, pero el Tribunal Supremo los desestimó todos, salvo uno de carácter procesal, en varios autos dictados entre el 5 de octubre de 2012 y el 27 de septiembre de 2013.
Como se recordará, el Ejecutivo denegó en 2006 a la cadena de supermercados Lidl varias licencias para instalar comercios de «descuento duro» en las Islas, medida que recurrió ante el TSJC y ganó.
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