Santiago Pérez enmienda la plana al Consejo Consultivo

«Me habría gustado que el Consejo Consultivo hubiese sido al menos la tercera parte de beligerante con la proposición de ley del catálogo de especies "desprotegidas"». Así de contundente fue la respuesta de Santiago Pérez, concejal de Socialistas por Tenerife en el Ayuntamiento de La Laguna, al no menos contundente dictamen del Consultivo sobre la proposición de ley «en defensa del suelo agrícola y de la autonomía municipal de La Laguna», dictamen que avanzó este lunes ABC. Pérez, en conversación con este diario, refutó los principales argumentos de los que la institución que preside Carlos Millán concluye que el texto del concejal, que llegó al Parlamento autonómico por medio de Nueva Canarias (NC), es extemporáneo.

El edil lagunero, quien precisamente optará a la alcaldía de la Ciudad de Aguere en las inminentes elecciones bajo las siglas de NC, aunque como independiente, subrayó de entrada que no está dispuesto a aceptar ni que se subordinen los intereses de La Laguna «a intereses privados», ni que se le niegue su autonomía, ni que se acabe con alrededor de cien hectáreas de suelo agrícola de «histórico» valor; suelo agrícola, recordó, que debe preservarse aunque no esté en cultivo. No en vano, la proposición de ley se opone a la construcción de la polémica autopista exterior del área metropolitana de Tenerife, que con el nuevo sistema viario que prevé el planeamiento insular se llevaría por delante esas tierras.

En lo tocante estrictamente al dictamen del Consejo Consultivo , Santiago Pérez explicó, en primer lugar, que el principio jerárquico que la institución dependiente del Parlamento propugna como vía para resolver las discrepancias entre planes, siempre «en favor del plan o norma jerárquicamente superior», ha quedado aquí vacío de contenido. Cierto es que si el planeamiento insular que prevé la polémica autopista vulnera normas de rango superior, como las directrices y/o el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, invocar el susodicho principio tendría sentido. Pero ocurre, sin embargo, que el Gobierno de Canarias ya ha decretado la obligatoriedad del polémico sistema viario, lo que, de facto, inutiliza tal posibilidad, argumenta el concejal. «Participé en una reunión en la consejería en la que me batí el cobre en defensa de La Laguna y en la que no hubo respuesta. Al poco tiempo, el Gobierno de Canarias comunicó la inexorable obligatoriedad del sistema viario», ahondó Pérez.

Respecto de la vía judicial, el durante tantos años líder del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) expuso que debió ser el Ayuntamiento, en su debido momento, esto es, en el proceso de adaptación del Plan Insular de Ordenación a las directrices generales o en la tramitación del Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana, el que recurriera contra ambos proyectos. No solo no lo hizo, ahondó el edil, sino que tampoco presentó alegaciones al respecto. Esta inacción del Consistorio, o más bien de las fuerzas políticas que integran el grupo de gobierno (Coalición Canaria y PSC-PSOE), es la que lleva a Pérez a calificar de «paripé» tanto el apoyo a la moción que dio origen a la proposición de ley como también el asenso de ambos partidos a su toma en consideración cuando NC la llevó a la Cámara regional. Con todo, el concejal lamenta especialmente que recurrir tras la aprobación del plan general (PGO) de La Laguna, la última vía que quedaría abierta, supondría recurrir indirectamente también contra el PGO, de modo que ya no habría consenso en torno al planeamiento municipal, con lo que ello implica, y, de hecho, este resultaría en una suerte de interinidad.

El candidato a la alcaldía de la Ciudad de los Adelantados, quien también encabezará la lista de NC en Tenerife para el Parlamento del Archipiélago, puntualizó además que el informe del Consultivo, que denota, a su juicio, cierta «agresividad», «no tiene en cuenta principios jurídicos consolidados». Pérez insistió además sobre que la proposición de ley no supone en ningún caso un «ataque» a los cabildos, antes bien, hizo hincapié en que ni la Constitución, ni el estatuto de autonomía de la región, ni la ley de bases del régimen local confieren a los cabildos competencias en la ordenación del territorio, las cuales les vienen por delegación, lo cual viabiliza su iniciativa, afirmó.

«No acepto ni que se subordinen los intereses de La Laguna a otros intereses ni que se le niegue su autonomía», sentenció el concejal.