El Consultivo rechaza la ley del suelo agrícola de La Laguna

El Consejo Consultivo de Canarias considera que la proposición de ley «en defensa del suelo agrícola y de la autonomía municipal de La Laguna» implicaría, de prosperar, una «innecesaria» intervención del legislador, es decir, del Parlamento regional. Este es solo uno de los distintos reparos que la institución pone al texto, texto que se opone a la construcción de la polémica autopista exterior del área metropolitana de Tenerife por sus repercusiones, directas e indirectas, en el sector primario de San Cristóbal de La Laguna.

Fue el último miércoles, día 11, cuando el pleno del Consejo Consultivo aprobó por unanimidad el dictamen sobre la susodicha ley. Casi 30 páginas para un argumentario del que el órgano dependiente del Parlamento de las Islas concluye que el texto presenta diversas deficiencias ya incluso en su denominación («en defensa del suelo agrícola y de la autonomía municipal de La Laguna»), que estima no ajustado a su contenido. La institución que preside Carlos Millán ha evacuado, por tanto, un contundente dictamen, al que ha tenido acceso ABC, que rechaza de plano la proposición de ley.

El texto en cuestión, que fue redactado en su día por Santiago Pérez, concejal de Socialistas por Tenerife en el Ayuntamiento de La Laguna, llegó a la Cámara autonómica por medio del grupo mixto, y en concreto de Nueva Canarias (NC), el partido que lidera Román Rodríguez y en cuyas listas Pérez figurará como candidato a la alcaldía de la Ciudad de Aguere en las inminentes elecciones. A mediados de febrero, el pleno del Parlamento acordó tomar en consideración la iniciativa, uno de cuyos objetivos principales es garantizar que no se construirá la autopista o vía exterior, que acabaría con alrededor de cien hectáreas de suelo agrícola de La Laguna. Además, quienes patrocinan la proposición de ley sostienen que el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife redunda en perjuicio de la autonomía municipal. Tan es así, que el texto de Santiago Pérez, en el caso de salir adelante, supondría la derogación de ese plan territorial especial y también de dos apartados relacionados del Plan Insular de Ordenación de la Isla de Tenerife. Hay que recordar que la moción que dio origen a la proposición de ley se aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento lagunero y que también cuenta con el apoyo de asociaciones profesionales y plataformas ciudadanas. Tras las presiones de NC, la Mesa del Parlamento accedió a acelerar la tramitación del texto, de modo que se solicitó el dictamen del Consejo Consultivo por vía urgente (urgencia, por cierto, que el órgano no ve «justificada»).

El informe de la institución «desfavorable» a la iniciativa de Santiago Pérez y NC explica, entre otras cuestiones, que cuando la Administración autonómica considere que hay razones de interés general que obligan a modificar un plan insular («como pudiera ser en este caso»), el Gobierno regional podrá exhortar al Cabildo de que se trate, «pero es este el competente». Asimismo recuerda que «cualquier contradicción» entre planes «se resuelve en favor del plan o norma jerárquicamente superior», es decir, en favor del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, parte de cuyos preceptos vulnera el planeamiento insular en cuestión, al menos a juicio de los promotores de la proposición de ley. «Para ello, pues, no se necesita tramitar ley alguna», sentencia.