La Fundación Laboral de la Construcción afirma que «nunca se saltó ningún procedimiento»
La entidad denuncia la «falta de rigor» informativo del Tribunal de Cuentas en el informe sobre las subvenciones
La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) ha querido salir al paso del informe, o más bien del comunicado por medio del cual se le dio publicidad, en que el Tribunal de Cuentas pone en entredicho el empleo de las subvenciones para formación que recibieron en 2010 la CEOE, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, UGT, CC.OO., la Federación Nacional de Clínicas Privadas y la propia FLC.
El director general de la institución, Enrique Corral, afirmó a ABC que la FLC «nunca se saltó ningún procedimiento»; es más, Corral niega la mayor y sostiene que en ningún caso hubo desvío de fondos, como sí aseguró el órgano fiscalizador: «El informe recalca el desvío a empresas especializadas en formación (vía subcontratación) de la gestión de los fondos de formación que habían sido concedidos en principio por el Estado a las organizaciones empresariales y sindicales», expuso entonces el Tribunal de Cuentas.
El director general de la FLC ahondó en la susodicha información y agregó que ya en su día (se publicó en noviembre y aún puede leerse en el sitio web ) se transmitió el malestar de la fundación por lo que en esta consideran «falta de rigor» informativo.
«Lo hicimos saber a los responsables del propio Tribunal de Cuentas el mismo día en el que se publicó la mencionada nota, al manejar incorrectamente los conceptos de ‘subcontratación de la actividad subvencionada’ y de ‘contratación de proveedores’», aseveró Corral, quien insistió sobre la inexistencia de desvío de fondos: «Nada más lejos de la realidad; la fundación recibió los fondos para la ejecución de un plan sectorial y los empleó en la formación de cerca de 70.000 trabajadores en toda España».
El ente fiscalizador, como publicó ayer este diario, cuestiona, entre otras acciones, que la FLC contratara de forma directa, es decir, sin pedir los tres presupuestos que requiere la ley general de subvenciones, por un montante de «al menos» 12,2 millones de euros. De esa cantidad, atribuye poco menos de 385.000 euros (exactamente 384.339) a los consejos territoriales de la fundación en Tenerife y Las Palmas.
La FLC, en cambio, se ampara en una disposición de la ley «para la mejora del crecimiento y del empleo», disposición que permite contratar directamente, en el ámbito de la formación, siempre que se «justifique de modo razonado que la elección del proveedor responde a los criterios de eficacia y economía». Y ocurre que el Tribunal de Cuentas no considera suficientemente razonadas las contrataciones en cuestión. Al respecto, Corral puntualizó que «únicamente cuestiona la utilización de un procedimiento de justificación que, aunque es legal, entiende [el Tribunal de Cuentas] que puede estar menoscabando la eficiencia en la utilización de los recursos públicos».
La controversia radica, pues, en esa excepción legislativa (por tanto legal, como defiende la fundación) que, en cualquier caso, pudiera ir en detrimento de «los principios de transparencia, concurrencia, objetividad y eficiencia».
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