adrede
Los doce imputados de Gáldar
¿Dónde queda entonces la defensa de los intereses de las personas más desfavorecidas para el grupo de gobierno del ayuntamiento galdense?
Situada en el noroeste de la isla de Gran Canaria, Gáldar es reconocida como Real Ciudad por la Historia de Canarias por la importante vinculación que los monarcas aborígenes supieron mantener con los reyes españoles. Fue, cómo no, Corte de los Guanartemes y no mucho tiempo después proclamada como la primera capital de la isla redonda. Tradicionalmente honestos y valientes fueron siempre sus gobernantes, aunque llegado este siglo XXI esta tradición puede estarse viendo resquebrajada.
Desde hace dos legislaturas la improvisación parece ser la tónica que caracteriza a la presidencia de la Ciudad de los Caballeros. Su gobierno municipal sustentado por la supuesta estabilidad que le aportan el dueto formado por el Bloque Nacionalista Rural-Nueva Canarias y el Partido Socialista, vuelve a tambalearse por recibir una nueva denuncia, en esta ocasión por un posible caso de prevaricación administrativa. Por este motivo los doce miembros del grupo de gobierno tuvieron que presentarse a declarar como imputados el día 23 de febrero pasado.
Todo parece haber dado comienzo allá por el año 2008, cuando el propio Ayuntamiento de Gáldar cede a la empresa pública municipal Galobra S.A.U. tres parcelas para que esta a su vez, se las adjudicara a una empresa privada para la construcción de 87 viviendas de protección oficial. Como curiosidad es destacable que el gerente del ente municipal Galobra fuera entonces, y siga siendo don Manuel López, concejal por el Bloque Nacionalista Rural desde 2007 hasta 2011 y miembro de la lista electoral del BNR-NC en las anteriores elecciones municipales.
La empresa Fomento Construcciones y Contratas fue la titular de la adjudicación de la obra de construcción de las 87 VPO. En aquel momento, corría el año 2010, el grupo municipal del Partido Popular se opuso argumentado que si tan solo unos años antes las VPO construidas en barrio galdense de El Barrial, debido a la crisis tuvieron enormes problemas para venderse siendo tan solo treinta viviendas, la construcción y venta de esta nueva tanda de ochenta y siete tampoco iba a estar exenta de dificultades.
Estas advertencias del grupo que preside el popular José Luis González no fueron tenidas en cuenta y se inició el proceso de construcción de las viviendas que se culminó en el año 2013. Y ocurrió lo inevitable. Hoy, mientras avanza el primer trimestre del año 2015, las 87 VPO están finalizadas, sí. Finalizadas, pero cerradas desde su año de finalización sufriendo la consiguiente degradación que les producen las inclemencias y el paso del tiempo y lo que es peor, no están siendo disfrutadas por los ciudadanos de Gáldar para los que supuestamente fueron concebidas.
Tal vez sea necesario recordar que la calificación de vivienda de protección oficial o vivienda protegida se otorga a aquellas construcciones cuya finalidad es favorecer a los ciudadanos más desfavorecidos y con menos recursos económicos. Pues bien, el alcalde, don Teodoro Sosa, apoyado por su grupo de gobierno, en una inexplicable cabriola gestora perpetrada en diciembre del año 2013, lleva al pleno del ayuntamiento la modificación del convenio de las viviendas firmado años antes (2008), con la única finalidad de variar la calificación de viviendas de protección oficial cambiándola por las de viviendas de renta libre.
En un escrito de la Consejería de Presidencia Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias fechado el 24 de octubre de 2014 y con registro de entrada número 7428 que firma el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, don Manuel González Álvarez, se explica que con fecha 09/04/2014 se le solicitan desde el consistorio galdense, por un lado el desistimiento de la calificación definitiva y por otro el de la actuación protegible en materia de suelo, acompañando a tal solicitud el acuerdo plenario de enero de 2014 del Ayuntamiento de Gáldar donde se modifica el convenio adoptado en febrero de 2008 mediante el cual se suprimía el régimen de protección oficial.
Y es en este punto de las actuaciones donde parece ser que la Fiscalía Provincial encontró motivos para imputar al alcalde, don Teodoro Sosa, y a su equipo de gobierno, al entender que en el acto de eliminación de la calificación social de las viviendas se pudo «contravenir el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, pues la cesión gratuita del suelo a la administración u organismo competente solo está prevista para el caso de que el mismo sea destinado a la construcción de viviendas de protección pública».
En otro párrafo del citado documento del Gobierno de Canarias, la respuesta continúa explicando que se requiere del Ayuntamiento de Gáldar el reintegro de las subvenciones genéricas percibidas de la Comunidad Autónoma de Canarias para las tres promociones por un importe de 84.000 euros de principal por cada una de ellas, apostillando en el párrafo siguiente que una vez que se justifique el haber reintegrado el total requerido, más lo que resultara de los intereses de demora, se procederá a aceptar el desistimiento de calificación de viviendas protegidas y archivar los expedientes.
Las cuestiones que se antojan son inmediatas: ¿dónde queda entonces la defensa de los intereses de las personas más desfavorecidas para el grupo de gobierno del ayuntamiento galdense? ¿En qué punto queda la finalidad social inicial por las que fueron planificadas y clasificadas como VPO? Ni que decir tiene que una vez clasificadas como de renta libre tan solo podrán acceder a su compra aquellas personas con un poder adquisitivo alto, o bien grandes empresas privadas.
Eso sí, no las reclama para sí la propia empresa constructora a la que se le adjudicaron las obras por un importe de 7 millones de euros que todavía no han cobrado. En cualquier caso, esta nueva situación administrativa excluiría de cualquier posibilidad a los beneficiarios iniciales, es decir, a los ciudadanos más desfavorecidos.
Iniciados los primeros movimientos contrarios a estas políticas antisociales del Ayuntamiento de Gáldar por el grupo del Partido Popular, fue sin embargo doña Sinesia Medina, portavoz de Coalición Canaria, la que interpuso una denuncia ante la Fiscalía Provincial, que tras ser ratificada lleva al Juzgado de Gáldar a abrir las correspondientes diligencias. Es precisamente en este decreto de admisión a trámite de la denuncia donde se establece que, tras la documentación recibida y las diligencias de investigación realizadas, se deduce la posible existencia de hechos que pudieran incluirse en los tipos delictivos, al menos de supuesta prevaricación administrativa.
Según hemos podido saber, próximamente también serán llamados a declarar ante el juez, para aportar sus versiones, el resto de los grupos municipales de la oposición, Partido Popular, Coalición Canaria y Centro Canario Nacionalista.
