DESDE MI ESCAÑO

Ana Oramas, la justiciera

Con el fallo de la magistrada que toca al Carnaval grancanario, casi se puede hacer un corta y pega y aplicar las mismas medidas cautelares en la ciudad tinerfeña

juan velarde

Flaco, muy flaco favor le ha hecho la diputada nacionalista Ana Oramas a la Justicia tras el exabrupto vertido hace unos días contra la jueza que decretado la suspensión cautelar de los mogollones del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria a tenor de las molestias que estos causaban a los vecinos de la zona.

La parlamentaria nacional de Coalición Canaria no tuvo mejor ocurrencia que llamar “goda” a la magistrada que adoptó tal decisión y encima, seguramente para que tuviera mayor repercusión, lo hizo en la Radio Autonómica. Es decir, que ya iba preparada como un ultra cuando va a lanzar objetos al campo. En este caso ella iba con el insulto mascullándolo entre dientes.

Podemos convenir que la decisión de la jueza pudo ser más o menos acertada, más o menos controvertida, polémica o disparatada, pero cuando uno considera que un fallo judicial no se ajusta a derecho o no tienen en consideración una serie de factores como puede ser el de la tradición, ya que esos mogollones llevan celebrándose años y años sin mayor problema, pues se recurre la decisión en tiempo y forma, pero lo que no se puede actuar es como un hooligang, aunque está claro que Oramas tira de la escuela de su maestro y mentor Paulino Rivero, otro que está acostumbrado a salir por peteneras cuando las decisiones de los tribunales no se acomodan a sus caprichos.

Está claro que la medida adoptada por el juzgado crea un precedente para todas las Islas, sobre todo pensando en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cuántos vecinos de la zona centro de la capital chicharrera llevan años soportando no sólo el ruido infernal, sino también las excrecencias que quedan después de una larga noche de fiesta y desenfreno?.

Con el fallo de la magistrada que toca al Carnaval grancanario, casi se puede hacer un corta y pega y aplicar las mismas medidas cautelares en la ciudad tinerfeña y nadie podría sorprenderse de que eso pudiera suceder más pronto que tarde.

Aún entendiendo el derecho que tienen los carnavaleros a divertirse, también hay que pensar en aquellas personas que residen en el centro y que, por mor de sus profesiones, tengan que levantarse a una hora temprana o quizá lleguen a sus domicilios después de una dura jornada y necesiten coger un sueño reparador que, obviamente, es casi imposible con el elevado nivel de decibelios que hay en toda la zona.

Dicho esto, lo que no puede hacer un político es meterse como un elefante en una cacharrería y tachar de “goda” a una juez por decretar esa suspensión cautelar. ¿O es que tal vez la señora Oramas insinúa que una magistrada que no es canaria debería abstenerse de decidir sobre cuestiones que afectan a las Islas?.

Ana Oramas, la justiciera

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación