Viviendo en San Borondón
Exabrupto populista de Ana Oramas
Mucho habría que decir de la irresponsabilidad, incluso penal, de los políticos y mandos policiales por no perseguir la contaminación acústica
Ana Oramas, la siempre dicharachera diputada nacional de CC, ha calificado de “goda” a la juez de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas que suspendió de forma cautelar los mogollones y los chiringuitos del Carnaval en la zona del parque Santa Catalina. Lo hizo en la Radio Autonómica, la Radio Nacional de Canarias como los nacionalistas gustan llamarla, y no es vano recordar que además la citan, con un retintín algo siciliano, como “la nuestra”, no sin razón, aunque también hay quien suele apostillarla diciendo que es sin duda “la suya, la de ellos”.
Adoptando un aire indignado, así sonaba en las ondas aunque ¡vaya usted a saber!, dijo que se sentía “indignada” por esa medida judicial y que, ¡como no!, expresaba su “solidaridad con los carnavaleros” de Las Palmas de Gran Canaria, cosa que suena algo peculiar proviniendo de donde proviene. Y como las elecciones vienen, como los Carnavales, por la punta de la Isleta, hay que halagar los oídos de los presuntos votantes, aunque crujan los cimientos del Estado de Derecho.
A punto estuvo de añadir a lo de “goda” el más contundente calificativo de “goda jedionda”, exabrupto que culmina la escala del insulto que puede excretar una señora a otra señora sin que la tilden de inmediato de malcriada y de perpetrar un acto de violencia “del” género, más que “de” género, pues la agresión verbal queda entre mujeres y esa no cuenta en los mítines. De contar, veríamos a doña Ana haciendo su campaña electoral en los platós de la telebasura.
Oyéndola decir lo que dijo, la escasísima confianza que muchos ya tenemos en que la clase política respete a los ciudadanos, auténticamente se congeló. Vino a decir, traducido a román paladino, que ella esperaba que las sentencias de los tribunales no se cumplan, optando por maltratar verbalmente a quien está obligada por ley, y por sentido común, a cumplir con la obligación de ordenar la ejecución de una resolución ya dictada.
Y esa actitud, a mi entender, sí que es muy preocupante en un político, pues ignorar las sentencias judiciales es la antesala, o la propia sala, para finiquitar la democracia y el Estado de Derecho basado en los tres poderes y el imperio de la ley que la diputada juró o prometió defender al tomar posesión de su cargo.
También es curioso advertir cómo retuerce el fondo de la cuestión. No se trata de que se supriman los Carnavales ni otras fiestas populares, sino de que se cumplan las Leyes, decretos y ordenanzas que regulan esas celebraciones, en particular lo relativo al ruido. A mi entender, Ana Oramas insulta gravemente a las personas a quienes la Justicia ha dado la razón, es de suponer que en aplicación de las leyes que ella misma y sus compañeros, en su calidad de política y parlamentaria, han aprobado en el Parlamento Nacional, Autonómico y los ayuntamientos.
Mucho habría que decir de la irresponsabilidad, incluso penal, de los políticos y mandos policiales por no perseguir la contaminación acústica, cuando los valores superan ampliamente el máximo de 90 dB permitidos.
Pero ya de traca, carnavalera o fallera, ha sido la coletilla que añade la Asociación Profesional de la Magistratura al comunicado en el que expresa su rechazo “más absoluto” a las declaraciones Ana Oramas: “flaco favor se hace a la Justicia y a los que trabajan en ella, en un momento de escasez de medios y exceso de trabajo, con actitudes como la descrita”, proclaman.
¿Podrían aclarar sus Profesionales Magistrados qué tiene que ver la defensa de un miembro de su asociación, injusta y ofensivamente maltratado por una parlamentaria, con una reivindicación laboral, que no se sabe muy bien si es justa pero que sin duda es gremial? Y es que, en afortunada frase de José (Pepe) Alemán, una cosa es una cosa y otra cosa son dos cosas, ¡presuntamente, señorías!.
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