Las comisiones para la Prestación Canaria de Inserción incumplieron sus funciones

Las dos comisiones que deben analizar todo lo relacionado con la Prestación Canaria de Inserción (PCI) incumplieron sus funciones al menos en el período 2011-2013. Tan es así, que ni siquiera se reunieron el número mínimo de veces que establece la ley. Además, y en las ocasiones en que sí lo hicieron, la inasistencia de parte de sus miembros fue reiterada. En definitiva, estos comités no contribuyeron al éxito de la política de integración social que llevó a cabo el Ejecutivo autonómico.

La integración social, objetivo en el que coadyuva la PCI, incumbe tanto a varias consejerías del Gobierno regional como a los ayuntamientos y distintas entidades. Son necesarias, por tanto, su colaboración y coordinación, para lo cual la ley que regula la prestación constituyó dos comisiones: la de coordinación y la de seguimiento. La primera tiene que reunirse, como mínimo, una vez cada trimestre; la segunda, dos veces al año. Ni la una ni la otra han cumplido, tal como revela la Audiencia de Cuentas de Canarias en su informe de fiscalización sobre la PCI en el susodicho período (2011-2013), informe que el pleno de la institución aprobó el 19 de diciembre y al que ha tenido acceso ABC.

El órgano fiscalizador, que preside Rafael Díaz Martínez, es tajante en su juicio sobre ambos comités: «Han incumplido el desempeño de sus funciones». No en vano, insiste, no se reunieron en esos años tantas veces como establece la ley, y no solo eso, sino que cuando lo hicieron, faltaron no pocos de sus integrantes. «La inasistencia ha sido reiterada por parte de sus miembros», agrega la Audiencia de Cuentas, que cita abiertamente los casos de los representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), del Instituto Canario de la Vivienda , que preside la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo de las Islas, Inés Rojas, y de la Consejería de Educación, que dirige el socialista José Miguel Pérez. Hay que puntualizar que los representantes de la Fecam, Vivienda y Educación forman parte de ambas comisiones.

Desde 2007, la comisión de coordinación, que debió reunirse una vez cada trimestre, solo lo hizo una o dos veces al año, e incluso en 2012 no se celebró encuentro alguno. Lo del comité de seguimiento es hasta peor, pues apenas se reunió en una ocasión, cuando se constituyó, de modo que «ha incumplido así las funciones que le corresponden, entre ellas la obligación de emitir informe», recuerda la Audiencia. Todo ello, amén de las ausencias las pocas veces en que tuvieron a bien cumplir su obligación, llevó al ente fiscalizador a concluir que estas comisiones «no han contribuido a garantizar el éxito de la política de integración social».

El órgano, que depende del Parlamento autonómico, ahonda en la situación y explica que la inobservancia de la ley en que han incurrido los miembros de estos comités «ha imposibilitado la coordinación de las acciones de las diferentes administraciones públicas». Asimismo ha imposibilitado «la eficaz promoción de los programas dirigidos a favorecer la inserción de los beneficiarios de la PCI». Y agrega: «No se efectuó el estudio ni se determinó la asignación presupuestaria para los servicios de carácter transversal que contribuyen a garantizar el éxito de la política de integración social».