Tres empresas públicas canarias se endeudaron sin autorización

Tres de las entidades que integran el entramado empresarial dependiente de la Administración autonómica cerraron en 2013 operaciones de endeudamiento sin la preceptiva autorización del Ejecutivo regional. Las tres sociedades anónimas en cuestión son Gestión del Medio Rural de Canarias (GM Rural), Gestión Urbanística de Las Palmas (Gestur Las Palmas) y Gestión Urbanística de Tenerife (Gestur Tenerife). Las operaciones que no contaron con el permiso del Gobierno que preside Paulino Rivero suman casi nueve millones de euros.

La ley de la Hacienda Pública canaria establece en su artículo 91 que para las operaciones de endeudamiento de los entes con presupuesto estimativo, esto es, empresas públicas, «será precisa la autorización del Gobierno [autonómico], a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda, con los criterios que se establezcan en la ley anual de presupuestos». Fue en el artículo 60 de la ley de presupuestos de 2013 en que se dejó constancia de los «criterios» para ese año: solo se exceptuarían de la obligación de contar con autorización administrativa previa aquellas operaciones de financiación «destinadas a cubrir desfases transitorios de tesorería [...], siempre que la fecha de vencimiento de las mismas sea anterior al 31 de diciembre de 2013», es decir, anterior al cierre del ejercicio. La Audiencia de Cuentas , en su último «Informe de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Canarias», informe que el pleno de la institución aprobó el último 19 de diciembre y al que ha tenido acceso ABC, revela ahora que sendas operaciones de las tres sociedades anónimas GM Rural, Gestur Las Palmas y Gestur Tenerife no cumplieron lo establecido, pues no disponían del permiso del gabinete de Coalición Canaria y Partido Socialista Canario.

«No consta la autorización», expone la Audiencia de Cuentas, que recuerda que esta es «preceptiva», lo fue en 2013, para que las empresas públicas puedan o pudieran endeudarse. El órgano fiscalizador que preside Rafael Díaz Martínez puntualiza además que los tres acuerdos que se suscribieron sin el permiso que exige la ley de la Hacienda Pública canaria no podían incluirse en los supuestos que exceptuó la norma presupuestaria. No en vano, fueron tres operaciones de endeudamiento cuyo vencimiento era posterior al 31 de diciembre de 2013; tan es así, que en el caso de Gestur Tenerife lo que se firmó fue un préstamo a largo plazo de tres millones.

La Audiencia explica en su informe que GM Rural, la cual preside el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno del Archipiélago, Juan Ramón Hernández, renovó pólizas que ascendieron a 1,9 millones de euros. Gestur Las Palmas hizo lo propio por medio de una serie de acuerdos que sumó otros cuatro millones. El órgano dependiente del Parlamento aclara aquí que lo que se había autorizado a Gestur Las Palmas era un máximo de 1,6 millones de euros, no cuatro, máximo que, precisa, no se superó al finalizar el ejercicio. Hay que recordar que Gestur Las Palmas es una de las empresas «zombi» del ejecutivo de Rivero, sociedades cuya disolución se anunció en su día pero que el Gobierno de las Islas aún no ha podido llevar a cabo. Por último, Gestur Tenerife formalizó el contrato del citado préstamo a largo plazo de tres millones. En total, 8,9 millones de euros.

Ninguna de estas operaciones contó con la autorización del gabinete de nacionalistas y socialistas. Gestur Tenerife firmó, eso sí, con el visto bueno de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.