Las empresas públicas del Gobierno canario contratan sin autorización a 34 personas
Visocan y GSC incorporaron dos directivos sin respetar el debido procedimiento, según los órganos fiscalizadores
Cinco de las 22 empresas dependientes de la Administración autonómica (20 sociedades anónimas y dos entidades públicas empresariales) cerraron el año pasado contrataciones sin contar con la preceptiva autorización. Además, Viviendas Sociales e Infraestructura de Canarias ( Visocan ) y Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) incorporaron dos directivos en sus organigramas sin cumplir el debido procedimiento, esto es, sin respetar los principios de publicidad y concurrencia, según información oficial a la que ha tenido acceso ABC.
A los órganos fiscalizadores de la comunidad autónoma no les consta que 34 de las contrataciones que esos cinco entes hicieron en el último ejercicio (2013) hubiesen sido autorizadas por el Gobierno regional. Más de una veintena de estos contratos (23) los suscribió GSC. Están también en duda cuatro de los que firmó Puertos Canarios, tres de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), tres más de Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa) y uno de la sociedad anónima Gestión Urbanística (Gestur) de Tenerife.
Cabe recordar que el Ejecutivo que preside Paulino Rivero dio carácter preceptivo a esta autorización por medio del artículo 56 de la ley de presupuestos del Archipiélago para el ejercicio de 2013. El permiso para contratar del Gobierno de las Islas debía además cumplir un trámite previo: la propuesta de las consejerías de Economía, Hacienda y Seguridad y de Presidencia, Justicia e Igualdad, departamentos que dirigen el nacionalista Javier González y el socialista Francisco Hernández Spínola.
La información en que ha podido consultar este diario revela también que GSC, precisamente la empresa pública que cerró un mayor número de contrataciones sin atender a la ley presupuestaria, incorporó un alto cargo en su organización sin respetar los principios de publicidad y concurrencia, tal como establece el acuerdo de gobierno del 1 de junio de 2004.
También incurrió en esta inobservancia Visocan, el ente que preside la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, y cuya existencia tanto ha criticado la oposición, y en concreto el PP. Visocan dio de alta a otro directivo o alto cargo sin hacer caso a los susodichos principios.
