Que gobierne quien gane

El poder legítimo que emana de las urnas está para ejercerlo. Sin complejos, con responsabilidad, pero eso sí, siempre que se utilice para favorecer a los ciudadanos. Y siendo esto así, sorprende comprobar cómo un Gobierno democrático como el de Mariano Rajoy ha renunciado a utilizar el poder que le han otorgado los ciudadanos con esa mayoría absoluta de que dispone en el Congreso de los Diputados. Sobre todo si, como es el caso, las fuerzas políticas de la oposición se niegan a prestarle ayuda para intentar, mediante un consenso, cerrar algunos de los frentes abiertos en estos momentos. Traigo esto a colación porque parece como si el PP ya hubiese descartado aquella iniciativa de modificar la Ley Electoral para que en los ayuntamientos gobiernen las fuerzas más votadas. Y es una lástima.

En Canarias tenemos varios ejemplos de municipios gobernados por partidos políticos que no ganaron las elecciones. Entre ellos, además del Gobierno regional que lleva en esas condiciones dos legislaturas, dos de los ayuntamientos más importantes: el de la capital tinerfeña y el de Telde, en Gran Canaria. Y no hay nada que objetar. Porque la unión de fuerzas políticas en busca de mayorías de gobierno es algo tradicional en nuestro sistema democrático. Pero también habría que entender el derecho que nos asiste a los electores a conocer sobre esas alianzas antes de acudir a las urnas. Saber qué es lo que vamos a votar. Qué es lo que van a hacer con nuestros votos. Pero claro, a socialistas y coalicioneros no les hables de esta iniciativa popular porque prefieren seguir con ese privilegio de los pactos postelectorales de espaldas a los ciudadanos y así poder trapichear con los repartos de poder que les permiten arrebatar gobiernos municipales o autonómicos a los que ganan las elecciones.

La modificación de la Ley para que los alcaldes puedan ser elegidos directamente por los ciudadanos es necesaria. Y siendo así, el Gobierno de España está obligado a utilizar su mayoría absoluta para hacerlo. No sé si la fórmula idónea es la de otorgar la mitad más uno de los concejales a la candidatura que supere el 40% de los votos o, como parece más asumible por la oposición, ir a la elección de alcaldes en una segunda vuelta. Pero, sea como fuese, algo habría que hacer en este sentido si no queremos que algunos de nuestros terminen en manos de algún partido populista de extrema izquierda y de inspiración venezolana, que ya pulula por nuestro mapa político insular. Y si esa modificación pudiese ampliarse, ¿por qué no aprovecharla para abrir las listas electorales, introducir la elección de presidentes autonómicos y reducir el número de aforados? Entonces sí comenzaríamos a creer en esa regeneración democrática que se nos anuncia. Una regeneración que, por supuesto, reclama la sociedad en general.