El Diputado del Común exige a la Dirección de Justicia que agilice las pericias

El Diputado del Común ha exigido a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias que, «a la mayor brevedad posible» adopte las medidas necesarias para que se emitan los informes psicosociales solicitados por los tribunales en «un plazo razonable», y, en particular, «cuando haya menores en los procesos para los que se solicitan dichos informes».

A raíz de una queja recibida en esta institución en relación al retraso en la emisión y entrega de tales informes, a la que posteriormente se sumó otra reclamación, la institución que dirige Jerónimo Saavedra concluye que «los hechos expuestos vienen a confirmar la demora en la emisión de informes por parte de los Gabinetes Psicosociales adscritos a los Juzgados de Familia en la Comunidad Autónoma de Canarias, y, en consecuencia la vulneración, por un lado, del derecho a un proceso sin dilaciones y, por otro, de los derechos de los menores».

En una resolución fechada el 28 de octubre, y dirigida al director general de Relaciones con la Administración de Justicia, explica que la queja abierta de oficio parte de una reclamación presentada por un ciudadano que no podía ver a su hija «porque la madre de la menor no se lo permitía». Aunque el afectado se encontraba inmerso en el procedimiento de modificación de medidas en el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Santa Cruz de Tenerife, la entrevista con los técnicos del Gabinete Psicosocial estaba señalada para dentro de un año, argumenta.

Desde la oficina del Diputado del Común se solicita entonces a dicho juzgado un informe al respecto, que es recibido por la institución justamente hace un año, el 25 de noviembre del 2013. En el documento se hace constar que «el señalamiento de la fechas en que se realizan las entrevistas de las partes con los técnicos del Gabinete Psicosocial adscritos a los juzgados de familia depende exclusivamente de la agenda de dicho Gabinete». Ante esta respuesta, el 21 de enero de este año se incoa la citada queja de oficio «no sólo por la gravedad del problema planteado», sino también porque ya se tramitó con anterioridad otra queja similar, relata la resolución.

Queja que se archivó en febrero de 2013, después de que dicha Dirección General comunicara a la institución que encabeza Jerónimo Saavedra que se había producido una «progresiva reducción de los tiempos de respuesta». Una afirmación que, a la vista del retraso reconocido por la información recabada en el propio juzgado, «no se ha seguido en dicha línea, sino que se ha retrocedido».

En un informe del 15 de abril, una de las psicólogas del Gabinete Psicosocial y autora del documento, asegura que «la carga de trabajo de este Gabinete, que atiende a las peticiones de periciales de los dos Juzgados de Familia de esta capital y de la Audiencia Provincial, hace materialmente imposible responder de forma más temprana a las solicitudes», aunque «sin menoscabo de la calidad de los informes emitidos», puntualiza.

Además, esta profesional deja constancia de la precariedad de medios y de recursos humanos para abarcar la demanda de informes: «Cuando una de las trabajadoras causa baja por enfermedad y no es sustituida, el tiempo de espera es aún mayor, pese a que se reestructuró todo el calendario». Esta psicóloga se hizo cargo de «todos los casos solicitados», subraya.