El juzgado anula el expediente que Agricultura abrió al ingeniero Soler Liceras

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha anulado el expediente que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias abrió al funcionario e ingeniero de caminos, canales y puertos Carlos Soler Liceras. Soler Liceras fue suspendido de empleo y sueldo durante tres meses a raíz de unas obras que dieron lugar a dos versiones: el empleado público explicó en su día que la decisión de apartarlo de los trabajos que venía ejecutando se debió a su negativa a firmar certificaciones de obras con las que no estaba de acuerdo; desde el departamento que dirige Juan Ramón Hernández expusieron, en cambio, que fue el Ministerio de Medio Ambiente el que, habida cuenta de la demora en el cumplimiento de los plazos, solicitó su destitución. En cualquier caso, la sentencia del juzgado, a la que ha tenido acceso ABC, estima el recurso de Soler contra la resolución de Agricultura.

Fue el secretario general técnico del departamento quien dictó la susodicha resolución, en la cual le impuso al funcionario (también profesor de la Universidad de La Laguna ) una sanción de suspensión de empleo y sueldo durante tres meses por una falta disciplinaria grave de desconsideración a sus superiores y compañeros. El 3 de octubre del año pasado fue cuando se abrió expediente a Soler por primera vez. El 4 de diciembre, dos meses y un día después, se dio por nulo ese primer expediente sancionador y, a continuación, se incoó uno nuevo, si bien se confirmaron «todos los actos y trámites» a que había dado lugar la resolución original. Entre estos «actos» estaban unas declaraciones que el ingeniero hizo el 21 de octubre, es decir, después de la fecha de aquel primer expediente. La razón de que la consejería anulase la resolución del 3 de octubre y pretendiese luego convalidar «todos los actos y trámites» inherentes a esta es que ese día, el 3 de octubre, Soler ya había sido trasladado a Hacienda, de modo que el departamento de Hernández no tenía competencia para expedientarlo. Fue cuando el empleado público volvió a Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas cuando la consejería trató de enmendar su error por medio de la segunda decisión, la del 4 de diciembre, decisión también nula por defectuosa en la forma, entre otras cosas porque las declaraciones de Soler Liceras no podían ya argüirse.

A pesar de que admite el recurso del funcionario, el juez conviene con la consejería en que las declaraciones de aquel en la radio sí implican desconsideración a sus superiores y, por tanto, pueden considerarse falta grave.