La vuelta de Woodside y RWE Dea a las prospecciones les costará más dinero

Sin la alemana RWE Dea AG ni la australiana Woodside Energy en el sondeo «Sandía», el primero autorizado a unos 60 kilómetros de las costas canarias, Repsol finalmente ha asumido en solitario las perforaciones de este pozo, tal y como avanzó hace unos meses. Y si en el futuro ambas empresas quieren volver, tendrán que pagar una «penalización» económica.

Tras la indemnización lograda por la expropiación de YPF, la holgada situación financiera de Repsol, le podría permitir, llegado el caso, acometer también en solitario, y como operadora de los permisos, el segundo sondeo autorizado, «Chirimoya» .

Pocos detalles se saben acerca de este acuerdo entre los socios de los permisos españoles. Como se recordará, un 50% de las autorizaciones corresponden a Repsol; el 30% a Woodside y la participación restante a RWE Dea AG . En una concisa referencia publicada por la australiana sobre los resultados del tercer trimestre de 2014, se señala que «ha optado por no participar» en la exploración de Canarias, pero sigue vinculada al bloque.

Fuentes de Repsol han indicado que en caso de éxito, es decir, de que se hallen hidrocarburos comercialmente explotables, si sus socios comunican su intención de reengancharse al proyecto, deberán abonar previamente una «penalización» por no asumir «el riesgo financiero» de las catas. En cualquier caso, se trata de una situación a analizar en el futuro no inmediato y abierto todavía a la negociación, dado que la primera prospección apenas ha dado sus primeros pasos.

No es una cuestión baladí. La participación en los sondeos fue autorizada por el Gobierno español allá por 2003 . El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 10 de abril de ese año la Orden ECO/845/2003, de 21 de marzo, sobre el contrato de cesión por el que Repsol (o Repsol Investigaciones Petrolíferas Sociedad Anónima -RIPSA-) cede a Woodside y a RWE Dea AG los citados porcentajes accionariales de los permisos canarios.

Tramitada la solicitud de aprobación del contrato de cesión por la Dirección General de Política Energética y Minas, la orden, rubricada por el entonces vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, José Folgado (hoy presidente de Red Eléctrica), da luz verde al reparto de acciones entre las tres empresas , que sigue vigente once años después.