El Gobierno recurre la consulta «contra» el petróleo en Canarias, que queda suspendida
Soraya Sáenz señala que la pregunta es, «materialmente, un auténtico referéndum» y el ejecutivo canario insiste en que es «legal» y que el Tribunal Constitucional avalará el proceso
La consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas cerca de Canarias, convocada para el 23 de noviembre, ha quedado virtualmente suspendida este viernes, después de que el Consejo de Ministros acordase recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) los dos decretos con los que el ejecutivo regional de Paulino Rivero pensaba dar base legal a la iniciativa.
La pregunta constituye, «materialmente, un auténtico referéndum», sostuvo la vicepresidente, Soraya Sáenz de Santamaría, mientras que el ejecutivo isleño insistió en la legalidad de lo actuado y, a la vez que confía en que el alto tribunal les dé la razón, asume la suspensión, como ya había anunciado a través de varios portavoces.
El procedimiento, para el que el gobierno insular se apoya en una ley de participación ciudadana, fue el último recurso de los de Rivero, después de una serie de derrotas legales en los tribunales y en Bruselas, y ha sido visto por el propio presidente canario en su cuenta de Twitter como una iniciativa «contra» las prospecciones que iniciará Repsol el més próximo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que tras recibir el informe del Consejo de Estado apoyando el recurso que el Gobierno solicitó interponer ante el Constitucional contra la consulta canaria, el Ejecutivo ha decidido dar este paso.
La vicepresidenta ha avanzado que impugnarán dos decretos del Gobierno de Canarias relacionados entre sí y referidos a la consulta convocada por las prospecciones petrolíferas , porque se refieren a competencias del Estado, no del ejecutivo regional.
Preguntada por la fecha de la impugnación, la vicepresidenta ha dicho que el Consejo de Ministros lo que hace es autorizar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que solicite la impugnación de estas actuaciones.
Una vez firmada la petición de impugnación, que ya está rubricada, corresponde a la abogacía del Estado el registro ante el Tribunal Constitucional, por lo que ha señalado que la fecha no la podía decir.
«Absolutamente legal»
La reacción del Gobierno de Canarias se ha centrado, tras conocer la noticia, en confiar en que el TC avale la consulta, ya que considera «es absolutamente legal y no contraviene ningún precepto» recogido en la Constitución Española.
El gobierno isleño paralizará el procedimiento hasta que el Constitucional se pronuncie, tal y como ya había adelantado, dado que siempre va a actuar «con estricto cumplimiento de la legalidad», tal y como han expresado varios portavoces del gabinete de Rivero.
Incluso, durante una reunión celebrada esta semana con grupos de ecologistas, el gobierno que forman CC y PSOE evitó comprometer su apoyo en una consulta que organizarán , pese a la imposibilidad legal, los miembros de la Coordinadora contra las Prospecciones Petrolíferas, con carácter informal, el día previsto inicialmente, 23 de noviembre.
De todos modos, el Gobierno de Canarias insiste en que tanto en el marco normativo de la consulta como en la pregunta directa que se formularía a la ciudadanía «son plenamente constitucionales», al entender que se enmarca en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana , que subrayó es «plenamente válida y eficaz y no ha sido cuestionada nunca» por el Ejecutivo central.
Asimismo, incide en que la consulta «tampoco supone un referéndum encubierto, porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la Administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas», sino que los ciudadanos pueden expresar su opinión por medios telemáticos y no solo de forma presencial, pudiéndolo hacer de forma prolongada en el tiempo.
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