Houston, tenemos un problema

Asumimos como un principio igualitario que la única condición para ser candidato a presidente de cualquier institución sea la mayoría de edad. Sin embargo, una ligera reflexión sobre la capacidad de intromisión en nuestras vidas que tienen los gobiernos debería precavernos. El próximo presidente del Gobierno de Canarias manejará unos presupuestos que sumarán, a lo largo de la legislatura, entre 25 mil y 30 mil millones de euros . Para ponerlo en contexto, lo que factura todo El Corte Inglés en dos años. Aunque el Gobierno no es una empresa ni puede gestionarse como tal, no es desdeñable el papel que juega en la economía ya que nunca su acción es neutral.

Si observamos las proclamas de los candidatos a las primarias socialistas, el panorama no puede ser más desolador. Un aumento colosal del gasto público y de un aparato tutelar sobre unos canarios a los que consideran incapacitados para generar riqueza cuando lo podrían hacer si, simplemente, se les dejara en paz.

Gustavo Matos, por ejemplo, plantea una renta básica para personas en situación de vulnerabilidad aunque explica que ese dinero saldría de los fondos de la Unión Europea. El resto de propuestas son ocurrencias al estilo de la política tradicional sobre estudios de cine aprovechando algunos incentivos contemplados en el REF o un programa Erasmus en África, lo que también debería ser financiado por Europa. Sería bueno que alguna vez Bruselas nos vea como una solución y no como un permanente (y costoso) problema.

Carolina Darias lo fía todo a las ayudas. Al autoempleo, el sector primario, la contratación juvenil, las empresas sociales (¿qué otra cosa podrían ser las empresas que deben actuar en sociedad, satisfaciendo necesidades de los demás para mantenerse abiertas?) o las cooperativas, las únicas que parecen gustar a los socialistas y cuyos éxitos son perfectamente descriptibles. También pide un aumento del gasto público en educación como si nuestros actuales fracasos fueran culpa de la insuficiencia de recursos.

Patricia Hernández tiene una preocupación legítima por su futuro. Parece que no tendría fácil volver a Madrid, con lo que peligrarían hasta las dietas por alojamiento que cobra en el Congreso y sus dos hipotecas, lo que es una faena humanamente comprensible por más que no hablemos de su destino sino del nuestro. Merece prestársele atención sobre lo que dice —sus combativos seguidores son más partidarios de fijarse en cómo lo dice— y entonces nos encontramos con problemas añadidos. Quiere que el Estatuto de Autonomía fije los límites —elevados— del gasto público cuando en realidad debería referirse al gasto político. También está descontenta con el modelo económico de Canarias y desea modificarlo con el fin de que sea más sostenible, energías renovables, sector primario o I+D, es decir, no se deja fuera ni un solo tópico políticamente correcto. Tiene un modelo y pretende imponerlo, por más que nada en su curriculum pruebe que haya sido capaz de producir nada que no fuese su propia supervivencia política. Y eso, a los demás, no nos sirve demasiado.