El Supremo admite el reparto de los fondos del REF de 2009

El Tribunal Supremo (TS) da por bueno el reparto de los fondos del Régimen Económico y Fiscal (REF) del ejercicio de 2009. En una sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, del 18 de septiembre, el TS desestima el recurso de casación que el Cabildo de La Palma interpuso contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ya en 2011 había dado la razón al Ejecutivo regional.

La sentencia del Supremo permite anticipar el resultado de los recursos que en su día interpusieron también otros cabildos con el mismo argumento: el derecho de las corporaciones insulares a recibir de los fondos del REF una cantidad equivalente a la del ejercicio de 2002 «debidamente actualizada». Un argumento que el TSJC ya desechó en 2011, lo que no obstó para que los cabildos recurriesen contra la decisión en el Alto Tribunal. Ahora, el TS ratifica el parecer del tribunal canario y rechaza, por tanto, los dos motivos que alegó la corporación insular de La Palma.

En su sentencia, para la que ejerció como ponente el magistrado Emilio Frías Ponce, la sala de lo Contencioso del Supremo considera, por un lado, que la garantía de que los cabildos percibirán una cantidad mínima «equivalente» a la de 2002 no supone que esta deba ser exactamente igual, de modo que no lo será si, como fue el caso en 2009, tiene lugar una disminución de la recaudación. Por otro, tampoco juzga que haya precepto alguno en el estatuto de autonomía de Canarias que permita dar prevalencia a la financiación de la actividad de las entidades locales (también ayuntamientos) sobre la financiación de la Administración autonómica. En definitiva, el Alto Tribunal no se mueve ni un ápice de la postura que ante el asunto ya adoptó el TSJC en su debido momento.

Fueron poco menos de 24 millones de euros los que la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea, que en ese momento dirigía la hoy diputada Matilde Asián, asignó, provenientes de los recursos del REF de 2009, al Cabildo de La Palma. La primera institución de la «isla Bonita» entiende, como las otras corporaciones, que debió percibir más fondos (en su caso alrededor de 36,3 millones), de ahí que recurriese a la Justicia. Esta, en cambio, ha vuelto a oponerse a las pretensiones de los cabildos.

Cabe recordar, con respecto a lo anterior, que no es este el primer varapalo que el Supremo propina a las administraciones insulares por este asunto. Al margen de los pronunciamientos desfavorables del TSJC (que la propia Consejería de Economía, que ahora dirige Javier González, viene dando a conocer), el Alto Tribunal ya desestimó un recurso del Cabildo de Gran Canaria por el reparto de los años 1999 y 2000.