política
Ocho razones para tumbar la consulta de Canarias sobre las prospecciones
Paulino Rivero ha querido desmarcar su iniciativa del proceso soberanista catalán, pero pretende cuestionar sólo a los isleños sobre un asunto que atañe a todos los españoles
La consulta sobre las prospecciones petrolíferas convocada para el 23 de noviembre por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, no puede desligarse del referéndum independentista anunciado para el día 9 del mismo mes en Cataluña y suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional.
El Gobierno español ya se ha posicionado contra la consulta canaria incluso antes de que se plantease la pregunta ya conocida y que reza: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".
Aunque Rivero ha querido desmarcar el proceso soberanista catalán de su iniciativa, aduciendo que la consulta no contiene tintes separatistas ni es un referéndum como tal, se pretende cuestionar sólo a los residentes canarios sobre un asunto que atañe a todos los españoles y que en estos supuestos la Constitución reserva al Gobierno español. En consecuencia, el recurso del Estado a la consulta es previsible y los motivos para impugnarlo también:
1. Canarias y Cataluña pueden celebrar consultas populares en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía sobre asuntos que afecten únicamente a competencias autonómicas. En el caso isleño, el Gobierno regional defiende la viabilidad de la convocatoria en aplicación del artículo 92 de la Constitución Española, que establece que las "decisiones políticas de especial trascendencia" podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos; el artículo 32.5 del Estatuto y el artículo 203 de reglamento del Parlamento de Canarias. Sin embargo, precisamente porque los sondeos podrían llegar a encuadrarse dentro de tales decisiones de especial trascendencia, la Constitución reserva al Gobierno español la convocatoria del referéndum, en el caso de Cataluña, o de las consultas sobre temas que excedan las competencias autonómicas.
2. El decreto canario que regula las consultas prevé dos fórmulas para la emisión de opiniones: la presencial y la telemática. Podrán emitir su opinión los residentes en el Archipiélago aunque no vivan en las islas, pero excluye de la consulta a los no residentes, es decir, a la amplia mayoría de los españoles a los que, de hallar petróleo y gas, afectaría el descubrimiento de una riqueza considerada de interés general. Algo muy similar al proceso catalán, en tanto ha defendido su "derecho a decidir" sin considerar la incorporación de la opinión de todos los españoles.
3. En cuanto al perfil de personas que podrá responder sí o no a la pregunta, el decreto regional que regula la consulta establece para las personas físicas como requisito de edad que tengan al menos 16 años, pudiendo rebajar esta edad hasta los 14 para consultas vinculadas a asuntos relativos a Juventud, en aplicación de lo establecido en la Ley Canaria de Juventud. Para esta convocatoria, además de no quedar claro qué materia toca en relación a los jóvenes, permite emitir una respuesta a canarios mayores de 14 años. Para ello podrán inscribirse en el Registro de Participación Ciudadana con el requisito de que sean canarios en los términos que fija el artículo 4 del Estatuto o que residan en el Archipiélago. Nada de particular si no fuera porque con la consulta se accede a datos personales de menores de edad con o sin consentimiento previo.
4. Enlazado con lo anterior, el decreto 94/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana, prevé en su artículo 5, sobre Protección de datos de carácter personal, que el tratamiento automatizado de los datos contenidos en el Registro de Participación Ciudadana está sujeto a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. No obstante, la cesión de datos personales desde el padrón municipal de los ayuntamientos a la Comunidad Autónoma sin consentimiento de los interesados no se incardina en lo dispuesto en la ley de bases de régimen local ni en la Ley de Protección de Datos.
5. Al igual que en Cataluña, que ha pretendido decidir unilateralmente, la cuestión planteada, "¿cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?", es también susceptible de apropiarse de unas aguas que no son administrativa ni jurídicamente canarias. La formulación de la pregunta podría invadir competencias del Estado también en esta materia porque las perforaciones de Repsol no se han planificado en el ámbito geográfico de las aguas canarias, sino a 60 kilómetros de las costas españolas, según ha ratificado el Tribunal Constitucional en una sentencia.
6. Desde un eslogan parecido al de "España nos roba" catalán, el presidente canario, Paulino Rivero, sustenta la potestad de la Comunidad Autónoma de convocar una consulta bajo el argumento de que la posibilidad de buscar yacimientos de hidrocarburos en el subsuelo marino es la constatación de que la "imposición" de las prospecciones "ponen en riesgo" el turismo y el medio ambiente sobre los que se basa el modelo económico de las Islas. Supuesto improbable ante la evidencia de que ni siquiera se sabe a ciencia cierta si hay gas y petróleo; y si lo hay, si merece la pena explotar los pozos. Por tanto, la pregunta parte de la premisa de que la mera tarea de investigar causaría cambios radicales en el modelo económico al tiempo que anticipa daños medioambientales sin haberse producido. Hipotéticos perjuicios, eso sí, sobradamente expuestos y analizados en los estudios de Repsol, por el Tribunal Supremo (a colación de los recursos presentados por los detractores) y los Ministerios de Medio Ambiente, Industria y Fomento.
7. El Ejecutivo autonómico argumenta que la falta de respuesta a su solicitud de consulta por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y la que considera masiva contestación ciudadana contra las catas le han llevado a convocar una autonómica. Para materializarla, ha tenido que sacar del cajón la Ley de Participación Ciudadana que llevaba durmiendo el sueño de los justos desde 2010. La "gran contestación científica, social e institucional" a la que constantemente se alude en Canarias no es unánime, como le han afeado desde Baleares al Gobierno canario. Las protestas convocadas formalmente desde 2012, año en que se convalidaron las prospecciones, han sacado a la calle a varios de miles de personas, pero a la hora de cuantificarlas los resultados han resultado dispares dependiendo de las fuentes. En cualquier caso, como en el caso de Cataluña, el Gobierno canario no ha tomado en consideración hasta ahora que varios miles o centenares o decenas que han secundado las protestas o concentraciones de rechazo no suman un porcentaje de población suficientemente representativo del "no" como tampoco del "sí" a las prospecciones , habida cuenta de que la población censada en Canarias asciende a 2,1 millones.
8. A la postre, la consulta no tiene carácter vinculante. No obstante, de acuerdo al Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, el presidente regional elaborará un informe en el que recoja "la valoración y efectos del resultado" y será aprobado en el plazo de de tres meses por Ejecutivo. De modo que, a imagen y semejanza del referéndum catalán, si se celebra y sea cual sea el resultado su puesta en práctica tampoco depende en exclusiva a la Comunidad Autónoma. Además, en lo que respecta a las prospecciones, todo el proceso de la consulta en nada interfiere en el desarrollo logístico y ejecución de los sondeos petrolíferos que hasta el momento cuentan con todos los parabienes administrativos y jurídicos para llevarse a cabo.
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